Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 341

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y 3 distritos del país que aún se encontraban bajo estado de excepción. La exten-
sión de los estados de emergencia —que en muchos casos se convirtió en garantía
de tranquilidad para los pobladores, temerosos de nuevas incursiones
senderistas— suponía también la prolongación de la autoridad militar sobre la
civil con los comandos político-militares. En varias de las zonas rurales más
afectadas por la guerra interna, los militares representaron y «encarnaron», por
muchos años, al Estado mismo, en un contexto de repliegue de su aparato civil a
causa de la violencia. Conforme las acciones subversivas fueron declinando, la
autoridad militar se mantuvo, aunque no tan rígida como en medio de la guerra.
Vigente el estado de excepción, los militares debían autorizar la realización de
eventos públicos, reuniones y estar al tanto de quién circulaba por la zona. Cuando
fue posible que empezaran a trabajar funcionarios públicos de programas eco-
nómicos y sociales, los militares actuaron con frecuencia como mediadores para
los contactos con la población.
Entre tanto, el presidente Fujimori optó por aprovechar el despliegue militar
que había sido justificado por la amenaza de la subversión para hacer su campa-
ña electoral para los comicios de 1995. Lo favoreció, también, en ese propósito el
conflicto armado con Ecuador que refrenó el ímpetu crítico de sus opositores y
permitió al Presidente utilizar la imagen de líder militar. Finalmente, aunque las
dudas sobre la limpieza del proceso electoral continuaron respaldadas por nue-
vos hechos —como la desaparición de 37 mil actas electorales en la ciudad de
Huánuco, hecho reconocido por el Jurado Especial de dicho departamento—
Fujimori ganó en primera vuelta con el 67% de respaldo.
Poco después de iniciar el segundo período, el gobierno inició preparativos
para prolongar su poder después del año 2000. Además de la obsecuencia de la
mayoría parlamentaria, el gobierno quiso contar con un control estricto del Po-
der Judicial, para lo cual creó una Comisión Ejecutiva. Años después, pruebas
fílmicas mostrarían el profundo grado de corrupción al que habían llegado mu-
chos magistrados. Con ello, el régimen consiguió no solamente garantizar impu-
nidad a los actos de sus miembros —evitar fiscalización penal y política—, sino
también utilizar la judicatura como arma política, al someter a control a quienes
se opusieran a sus intereses.
Un paso clave para ello fue el nombramiento de Blanca Nélida Colán, sumisa
a Montesinos, en la Fiscalía de la Nación después del golpe. En 1996, para evitar
su salida del órgano y con el pretexto de la creación del Consejo de Coordinación
Judicial, se creó una Comisión Ejecutiva del Ministerio Público 9 que Colán presi-
diría, a la cual se le otorgó más poder real que al Fiscal de la Nación, quedando
éste como una figura meramente decorativa.
Es importante recalcar que las normas que permitieron subordinar al Poder
Judicial y el Ministerio Público fueron aprobadas por la mayoría del Congreso,
por sumisión, ignorancia y/o complicidad con el Poder Ejecutivo y el SIN.
Con las riendas de las instituciones clave del Estado, el gobierno se mostraba
dispuesto a prolongar su permanencia en Palacio más allá de su segundo período
9
Ley 26623 del 15 de junio de 1996.