Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 339

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hacer recomendaciones al Presidente para otorgar el indulto en cualquier caso
donde la culpabilidad hubiera estado basada en evidencias fabricadas, coerciti-
vas o insuficientes. Entre agosto de 1996 y diciembre de 1999 se produjeron en
total 1087 liberaciones de inocentes injustamente encarcelados.
E L
RÉGIMEN ESPECIAL PENITENCIARIO EN CASOS DE TERRORISMO Y TRAICIÓN A LA PATRIA
En 1999, alrededor de 2,700 personas se hallaban en establecimientos peniten-
ciarios procesadas o sentenciadas por los delitos de terrorismo y traición a la
patria, cifra bastante menor a la que existía en 1996, cuando se iniciaron las
funciones de la Comisión Ad Hoc de indultos. La reclusión de tal cantidad de
personas planteó diversos dilemas a la política penitenciaria del gobierno. Estos
fueron resueltos mediante la construcción de nuevos penales o la remodelación
de los ya existentes para albergar una cantidad que llegó a representar al 15%
del total de los internos del país, así como la adopción de regímenes penitenciarios
especiales para esta población. Numéricamente, el delito de terrorismo se con-
virtió en el tercero en orden de importancia en el sistema penitenciario, precedido
sólo por los delitos contra el patrimonio y el tráfico ilícito de drogas.
Los nuevos establecimientos penitenciarios fueron construidos sin tener en
cuenta ningún criterio que no fuera la seguridad y el aislamiento más extremo.
Los penales de Yanamayo y Challapalca, por ejemplo, fueron diseñados de tal
manera que los internos no tenían espacios comunes o áreas de trabajo. Se des-
deñó expresamente cualquier otro criterio, como el de la educación y el trabajo.
Teniendo en cuenta que a esta población penitenciaria se le había prohibido
cualquier beneficio penitenciario, no tenía sentido invertir para otra cosa que no
fuera para castigar. Progresivamente, otros penales ya existentes (Miguel Castro
Castro y Chorrillos en Lima, y Picsi en Chiclayo) fueron remodelados como
enormes «celdas de castigo». Las normas especiales dictadas desde 1992 fueron
aplicadas en todos sus aspectos, lo que incluía el aislamiento absoluto del interno
durante el primer año y luego el acceso a patio sólo durante media hora al día.
Las visitas se restringieron a extremos nunca antes vistos y las pocas que se
efectuaban eran sometidas muchas veces a tratos inhumanos y degradantes.
C ONTRASUBVERSIÓN
SIN SUBVERSIÓN
Como se ha explicado en el capítulo relativo al PCP-SL, después de la captura de
Guzmán y la pronta desactivación de la amenaza subversiva, el gobierno de Alberto
Fujimori optó por un uso instrumental del tema del terrorismo. La política
contrasubversiva fue un elemento más del conjunto de herramientas que el gobierno
utilizaba para disuadir a los críticos, suscitar el respaldo ciudadano y, en última
instancia, prolongar su permanencia en el poder.
Así en octubre de 1993, las cartas en que Abimael Guzmán solicitó a Fujimori
conversaciones para un acuerdo de paz recibieron un uso fundamentalmente polí-
tico o de propaganda.