Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 338

C ONSECUENCIAS DEL MARCO LEGAL POSTERIOR AL GOLPE DE E STADO
L A LEGISLACIÓN
ANTITERRORISTA Y LOS INOCENTES EN PRISIÓN
La ineficiencia o inoperancia del sistema judicial en la represión del fenómeno
del terrorismo durante los años 80 fue un problema mayor. Y, sin embargo, se
dejó pasar y agravar la situación durante varios años. Entre los indicadores más
alarmantes se encontraba la constatación de una desproporción grande entre el
número de detenidos y el número de procesados; y entre éstos y el número de
condenados, además del alto número de sentenciados que salían libres por bene-
ficios penitenciarios. Resultaba, pues, imperativo tomar medidas concretas, con-
siderando la situación de excepcionalidad que la guerra interna planteaba. El
gobierno, sin embargo, optó una vía utilitarista que no consideraba garantías ni
mecanismos de control con la premisa de que el fin justificaba los medios.
En la práctica, los dispositivos legales adoptados después del golpe de Estado
permitieron la exacerbación de ciertos actos violatorios de los derechos huma-
nos. Se creó el problema en gran escala de los inocentes en prisión. Tiempo des-
pués, y ante una campaña iniciada por la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos, se instauró una Comisión Ad Hoc para revisar los casos individuales y
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Magallanes, denunciara ante el Poder Judicial al jefe del SIN y a otros cuatro
militares por el asesinato de quince personas en el caso Barrios Altos. Gracias a
la denuncia, el presidente del Comando Conjunto, el jefe del SIN, general Julio
Salazar Monroe y el asesor Vladimiro Montesinos fueron citados por la titular
del undécimo juzgado de Instrucción de Lima, Antonia Saquicuray.
El proyecto de ley de amnistía fue presentado sin previo aviso por congresis-
tas de la mayoría la noche del 13 de junio y aprobado en horas de la madrugada
del 14 de junio con 47 votos a favor y 11 en contra. La Ley de Amnistía General
(26479) beneficiaba a los sentenciados por comisión de violaciones de los dere-
chos humanos durante la lucha contra el terrorismo, y también con el ánimo de
encubrir lo anterior, a los involucrados en el intento de golpe del 13 de noviembre
de 1992, e incluía también a los que supuestamente habían cometido actos de
infidencia y ultraje a la nación y a las Fuerzas Armadas durante el reciente con-
flicto con Ecuador. Ese mismo día el presidente Fujimori refrendó la ley. Ensegui-
da, el presidente de la Corte Suprema, Moisés Pantoja, declaró que el Poder Judi-
cial acataría la ley de amnistía. La jueza Antonia Saquicuray, que investigaba el
Caso Barrios Altos, se pronunció en contra. Como respuesta, la Fiscal de la Na-
ción cerró el caso y advirtió que si la jueza Saquicuray intentaba reabrirlo incurri-
ría en «prevaricato». El Congreso aprobó una segunda ley según la cual el Poder
Judicial no tenía facultad para revisar la ley de amnistía. En julio el presidente
Fujimori promulgó esa segunda ley.
La CVR considera vergonzosa aquella ley de amnistía que defendieron y apro-
baron, entre otros, los congresistas Francisco Tudela, Julio Chu Meris, Martha
Chávez, Gilberto Siura y Rafael Rey.