Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 337

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el Comando Conjunto y, en último término, el SIN. Esto determinó un nuevo
estancamiento de la contrasubversión, pues las extensas zonas de producción de
hoja de coca controladas por el PCP-SL en Huánuco permanecían imbatibles y se
consolidaban. Así se crearon las condiciones para una nueva ofensiva del Ejército
que dejó de lado la estrategia contrasubversiva de 1989 centrada en la restricción
del uso de la fuerza. Las operaciones de esta última campaña implicaron fuego
masivo, arrasamiento de bases subversivas que eran caseríos cocaleros, e incluso
bombardeo desde helicópteros artillados.
Así se llegó a la ofensiva frontal de las Fuerzas Armadas, llamada «operación
Aries», contra los bolsones «Cuchara» y «Primavera» en la provincia de Leoncio
Prado, en Huánuco, desde abril hasta julio de 1994. En esta zona las tácticas
psicosociales de la estrategia anterior, especialmente el «arrepentimiento», no die-
ron resultado. La población estaba reducida a la servidumbre por los miembros del
PCP-SL, quienes la mantenían aislada, amenazada y bajo control ideológico. Quie-
nes intentaron huir fueron abaleados por los elementos armados del PCP-SL en los
embarcaderos y bocas de los ríos, únicos puntos de salida de los bolsones. Para esta
operación, el Ejército preparó compañías contrasubversivas con participación de
expertos israelíes. El resultado de esta nueva estrategia, en especial de la aplicación
de su segunda fase, fue la mortandad más numerosa de todo el conflicto. A pesar
de que fue difícil documentar expedientes completos debido a lo remoto de la zona,
las organizaciones de derechos humanos iniciaron esfuerzos por llamar la atención
nacional e internacional hacia la situación de la región, en general, y, específicamente,
sobre la Operación Aries. Los primeros informes sobre las violaciones de los dere-
chos humanos a consecuencia de la operación fueron alcanzados por grupos reli-
giosos locales o por la prensa local. Luego de un viaje de miembros de la CNDDHH
y un grupo de periodistas, se formó una comisión investigadora del Congreso, a la
que cerca de cincuenta personas presentaron su testimonio a pesar de que soldados
la escoltaron a lo largo de su visita (Youngers 2003: 286-288). En dos pueblos donde
el Ejército permitió el ingreso de la comisión —Moyuna y Moyuna de Anda— se
encontraron algunos cuerpos
Ante las evidencias, en lugar de iniciar un proceso de investigación, el gobier-
no lanzó una campaña contra los denunciantes, especialmente contra la Coordi-
nadora Nacional de Derechos Humanos. A través de los medios, algunos oficiales
acusaron a los grupos de derechos humanos de impedir la ofensiva final contra la
subversión y presionaron a los congresistas para que tomaran medidas en su
contra. A consecuencia de ello, el 28 de abril de 1994, la mayoría del CCD aprobó
una moción de condena a la CNDDHH por haber divulgado «versiones negativas»
—las denuncias de los pobladores de Leoncio Prado— sobre la «actuación de las
Fuerzas Armadas en los últimos reductos de Sendero». Finalmente, la Comisión
de Derechos Humanos del Congreso cerró la investigación.
L A
LEY DE AMNISTÍA
La afirmación de la impunidad llegó a su expresión más descarnada con la
aprobación, en junio de 1995, de una amplia ley de amnistía. Esto sucedió poco
más de un mes después de que la fiscal provincial en lo penal, Ana Cecilia