Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 336

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Por lo menos desde la masacre de Barrios Altos, si no antes, la camarilla
presidencial-militar del gobierno desarrolló una serie de actividades de violación
premeditada y sistemática de los derechos humanos con el propósito de radicalizar
a sus partidarios y obligarlos a defender posturas que implicaran la ausencia to-
tal de control democrático sobre la contrasubversión. Aun una vez desactivado
el grupo Colina como tal, dadas las prerrogativas y facilidades con que el SIN
contaba, las operaciones especiales de inteligencia continuaron. Estas operacio-
nes tenían como meta producir un efecto aterrorizante sobre todos los opositores
al régimen.
L A IMPUNIDAD
L A « L EY C ANTUTA»
En junio de 1993, la mayoría parlamentaria rechazó el dictamen de la comisión
investigadora que presumía la responsabilidad penal de los oficiales encargados
de la base militar y del propio general Hermoza Ríos, y aprobó un informe que se
abstuvo de señalar responsabilidades penales alegando que los tribunales milita-
res estaban investigando el caso. Sin embargo, el caso adquirió mayor repercu-
sión pública cuando el mes siguiente se encontraron cuatro fosas con restos hu-
manos calcinados en Cieneguilla, en las afueras de Lima, gracias a una denuncia
periodística. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas anunciaron el inicio de una
investigación propia. Ello dio lugar a una contienda de competencia jurisdiccio-
nal que fue resuelta por el Congreso a favor de los militares mediante la ley 26291
—conocida como Ley Cantuta— que establecía que, de existir problemas de con-
tienda de competencia sobre la jurisdicción civil o militar en casos que no son de
narcotráfico, éstos se resolverían en la sala respectiva de la Corte Suprema por
mayoría simple, reduciendo el número de votos requeridos. Fue una de las pri-
meras leyes dirigidas desde el SIN y aprobadas por la mayoría oficialista del
Congreso que violaban la Constitución de 1993 recientemente aprobada. Los jue-
ces de la Corte Suprema adictos al gobierno trasladaron el caso a la justicia
militar. Días después, ésta emitió un veredicto que otorgaba diversas penas a
algunos de los militares implicados en el caso La Cantuta. Entre los sentenciados
se encontraban Santiago Martin Rivas y Carlos Eliseo Pichilingüe, ambos conde-
nados a 20 años de prisión.
E L OPERATIVO A RIES
Durante estos años, las bases militares contrasubversivas del Huallaga estaban
hundidas en la inacción y la falta de recursos. Las operaciones especiales para
reprimir a narcotraficantes aliados con el PCP-SL o para favorecer a algunas fir-
mas del narcotráfico, concentraban la acción y el dinero en manos de grupos de
comandos aerotransportados que respondían a órdenes directas del SIE, la DINTE,