Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 334

L AS OPERACIONES ESPECIALES DEL SIN
Un general del Ejército, Rodolfo Robles, denunció que el SIN estaba usando per-
sonal militar e impartiéndole órdenes al margen de la cadena de mando oficial,
de forma que esas operaciones ya no respondían a los fines de la contrasubversión
sino a los de la camarilla presidencial-militar. Estas operaciones encubiertas del
SIN contaban con la aprobación del Comando Conjunto, instancia que está en la
cadena de mando como Comando Operativo del Frente Interno (COFI) y coman-
daba directamente las operaciones en los frentes contrasubversivos desde inicios
de 1990. Con ese respaldo, el SIN formaba sus propios destacamentos para mi-
siones especiales, usando personal del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE),
y los insertaba en los teatros de operaciones notificando apenas al jefe militar del
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La operación de La Cantuta fue realizada, en cambio, por un grupo de agentes
del SIE no destacados en zona y dirigidos desde el SIN. Pero ésta no había sido la
primera ni sería la única. Hasta entonces se venían sucediendo una serie de viola-
ciones de los derechos humanos —ejecuciones y desapariciones— aparentemente
inconexas en Lima Metropolitana y zonas aledañas. No tardaría en saberse que
ellas correspondían al mismo perpetrador: el escuadrón denominado Grupo Co-
lina, que antes del golpe de Estado había realizado una matanza en el centro de
Lima, en Barrios Altos. Otros crímenes cometidos por este grupo fueron el asesi-
nato de nueve campesinos del distrito de El Santa, en Chimbote, en mayo de
1992, y la desaparición del periodista Pedro Yauri en Huaura, en Lima, en junio
del mismo año 1992.
La CVR sostiene que, dada la estructura de mando y de toma de decisiones en
el régimen de facto, esos crímenes no pudieron ser cometidos sin el conocimiento
y la aprobación del presidente Fujimori y de Vladimiro Montesinos.
La disconformidad de un sector de las Fuerzas Armadas respecto del régimen,
que se evidenció en el intento de golpe del 13 de noviembre de 1992, no tardó en
tomar otras manifestaciones públicas. A inicios de 1993 empezó a filtrarse informa-
ción desde el Ejército con relación a lo sucedido en la Universidad La Cantuta. El 3
de abril, un grupo autodenominado León Dormido envió al congresista de oposi-
ción Henry Pease un documento en el que informaba que las diez personas desapa-
recidas habían sido secuestradas, asesinadas y enterradas en forma secreta por un
escuadrón de la muerte militar que operaba con la aprobación y el apoyo de los
más altos niveles del ejército y del SIN. A raíz de la denuncia presentada por Pease,
el Congreso nombró una comisión investigadora, aún cuando se cuestionaba la
credibilidad de un documento «por no tener ni sello, ni firma».
Las reacciones no se hicieron esperar, tanto de parte de los congresistas de
Cambio 90, que negaban los hechos, como del presidente del Comando Conjunto
de las Fuerzas Armadas, quien hizo desfilar tanques a manera de acto
intimidatorio. Finalmente, en mayo, la mayoría en el Congreso aprobó una mo-
ción que impedía la comparecencia ante las comisiones parlamentarias de inves-
tigación a los oficiales implicados en presuntas violaciones de los derechos hu-
manos una vez que se hubiera iniciado proceso en el fuero militar.