Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 333

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como escuelas subversivas. Hacia inicios de los 90, esto era más que evidente: el
problema arrastrado por años requería una pronta solución.
El decreto legislativo 734 de noviembre de 1991 autorizó el ingreso militar en
los penales con poderes discrecionales. El 7 de abril de 1992 tropas del Ejército y
personal de la Policía Nacional tomaron el mando en los dos presidios más gran-
des del país, Miguel Castro Castro y San Pedro, y comenzaron a ejecutar refor-
mas para reordenar a la población penal, especialmente a los acusados de terro-
rismo. El 8 de abril, se declaró en reorganización el Instituto Nacional Penitencia-
rio (INPE) y se encargó al Ministerio del Interior —a través de la PNP— la
seguridad interna y externa así como la administración de los establecimientos
penitenciarios de todo el país y dependencias conexas, limitando las funciones
del INPE. En este contexto, un mes después del golpe, con instituciones de control
como la Fiscalía y el Poder Judicial intervenidas y sin Congreso, una intervención
policial al penal de Castro Castro, presentada por el gobierno como un intento de
restaurar la autoridad en el centro de reclusión, terminó por convertirse en un
medio para eliminar a la cúpula del PCP-SL allí recluida.
El 6 de mayo se inició la operación policial denominada «Mudanza Uno» en
los pabellones senderistas del penal de Miguel Castro Castro, Canto Grande, con
el fin de trasladar a más de 100 mujeres a la cárcel de Santa Mónica, Chorrillos.
Dada la resistencia de los reclusos, la intervención se prolongó por cuatro días y
concluyó con un saldo elevado de reclusos muertos. En un comunicado oficial del
12 de mayo, el Ministerio del Interior informó que habían resultado muertos 35
reclusos acusados de terrorismo. Pero en total hubo 41 muertos, 5 entre ellos, Hugo
Deodato Juárez Cruzatt, integrante del Buró Político del PCP-SL y otros miem-
bros del Comité Central como Yovanka Pardavé Trujillo, Elvia Nila Sanabria
Pacheco y Tito Valle Travesaño.
En cuanto a las universidades, la ley universitaria vigente a inicios del gobier-
no de Alberto Fujimori permitía el ingreso de la Policía Nacional al campo uni-
versitario por mandato judicial y a petición expresa del rector, pero la eximía de
esos requisitos en caso «[...] de flagrante delito o peligro inminente de su perpe-
tración». El decreto legislativo 726 de noviembre de 1991 autorizó el ingreso de
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a los locales universitarios con la sola
autorización del Ministerio de Defensa, del Interior o de los comandos político-
militares. Ese fue uno de los decretos modificados por el Congreso que Fujimori
impuso con su contenido original después del golpe de Estado.
A través de un nuevo decreto ley, el gobierno extendió la intervención de las
Fuerzas Armadas en las universidades. Fue en este contexto que el 18 de julio de
1992 se produjo una incursión militar en la residencia estudiantil de la Universi-
dad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, que terminó con el secuestro y la des-
aparición de nueve alumnos y un profesor. Esta operación fue diferente de lo que
hasta entonces estaba ocurriendo en la Universidad del Centro, donde la práctica
de eliminación selectiva aplicada por la estrategia integral de las Fuerzas Arma-
das, dirigida por el comando político-militar, había provocado la desaparición de
decenas de estudiantes.
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CVR. Evento 10151401.