Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 330

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sido modificados o derogados por el Congreso a fines de 1991. En julio, el decreto
ley 25365 repuso, con algunas modificaciones, la Ley del Sistema Nacional de
Inteligencia que otorgaba amplias prerrogativas al SIN. Asimismo, se
promulgaron decretos ley que ampliaban el control policial en los penales,
extendían el apoyo a las rondas campesinas, permitían la intervención militar
en las universidades e intensificaban las operaciones de registro en poblaciones
urbanas y la acción cívica.
En materia de legislación antiterrorista —marco legal de la detención y el
juzgamiento— se realizaron cambios que pasaban por alto las garantías elemen-
tales del debido proceso. El decreto ley 25475 (6 de mayo de 1992) establecía la
cadena perpetua para algunos casos de terrorismo y ampliaba las penas para
otros casos, a la vez que instauraba el procedimiento de jueces sin rostro. El
decreto ley 25499 (16 de mayo de 1992) modificaba el decreto legislativo 748, a
través del cual se establecía la ley de arrepentimiento de subversivos rendidos. El
decreto ley 25564 (20 de junio de 1992) reducía la edad de los exentos de responsa-
bilidad penal de 18 a 15 años para los que cometían delitos de terrorismo. El
decreto ley 25659 (13 de agosto de 1992) estableció la figura penal de traición a la
patria para delitos antes tipificados como de terrorismo. Permitía además, en un
claro acto inconstitucional, que los tribunales militares juzgaran a civiles acusa-
dos de terrorismo. Asimismo, reducía los plazos del proceso y limitaba así la
capacidad de defensa de los inculpados. Con este mismo grupo de decretos se
confirmaron las altas prerrogativas militares, así como la extensión de su poder
en las zonas de emergencia y en la actividad contrasubversiva. El decreto ley
25626 estableció que todas las dependencias vinculadas a la lucha contra la sub-
versión y el narcotráfico debían adecuar sus normas y procedimientos a las di-
rectivas del Comando Operativo del Frente Interno (COFI), dirigido por el presi-
dente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El decreto ley 25708 esta-
bleció los procedimientos para juzgar los delitos de traición a la patria y permitió
la aplicación del procedimiento sumario del Código de Justicia Militar en los
juicios en el teatro de operaciones. Finalmente, el decreto ley 25728 creó facultades
para condenar en ausencia a los responsables del delito de terrorismo.
La CVR considera que, si bien se requerían medidas concretas y una adecuación
del sistema al contexto de crisis, esto no justificaba hacerlo a costa de las garantías
ciudadanas básicas como ocurrió con los decretos mencionados. Como resultado,
mientras que algunos tipos de violaciones de los derechos humanos como las ejecu-
ciones y desapariciones se redujeron considerablemente desde 1993, se inauguró
una nueva etapa en las violaciones al debido proceso. Así el país cumplía mejor con
los estándares requeridos en las negociaciones con Estados Unidos para recibir
apoyo económico y militar —disminuir el número de muertos y desaparecidos,
mantener un registro de detenidos y permitir que la Cruz Roja ingresara a los
centros de reclusión—, pautas destinadas a garantizar la vida de los detenidos,
antes que a evaluar si se estaban siguiendo las normas básicas del debido proceso.
Mientras el proceso político seguía este curso, el PCP-SL incrementaba sus
acciones de violencia con cruentos asesinatos en la capital. Sin embargo, la cam-
paña urbana era, en realidad, la otra cara de la derrota del PCP-SL en las zonas
rurales debida a la estrategia que las Fuerzas Armadas aplicaban desde 1989,