Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 329

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paldo a la estrategia de pacificación plasmada en los decretos legislativos del
ejecutivo. Finalmente, Fujimori promulgó todos los decretos modificados ese
verano salvo éste. Los decretos sobre los que el Congreso no se pronunció queda-
ron firmes al cumplirse los 30 días del plazo de revisión.
La intención del gobierno había quedado, así, bloqueada. Éste recurrió una
vez más a esquemas de concertación multipartidaria; una vez más, también, esos
esquemas eran sólo una formalidad vacía con la que el gobierno ganaba tiempo
para madurar sus planes reales y ocultos.
E L GOLPE DEL 5 DE ABRIL: MEDIDAS E IMPLlCANCIAS
El 5 de abril de 1992, a las 10:30 de la noche, el Presidente Constitucional de la
República Alberto Fujimori anunció la disolución del Congreso Nacional y la re-
organización total del Poder Judicial, del Consejo Nacional de la Magistratura,
del Tribunal de Garantías Constitucionales y del Ministerio Público. Minutos des-
pués, los jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacio-
nal expresaron en un comunicado su absoluto respaldo al golpe de Estado que,
en cambio, provocó la renuncia del Presidente del Consejo de Ministros, Alfonso
de los Heros. El seis de abril se tomó juramento a un nuevo gabinete ministerial
presidido por Óscar de la Puente Raygada. Ese mismo día, De la Puente hizo
público el primer decreto ley del régimen, Ley de Bases del Gobierno de Emer-
gencia y Reconstrucción Nacional, que dispuso, entre otras cosas, la elaboración
de una nueva constitución.
La oposición parlamentaria reaccionó de diversas formas, incluyendo la de-
claración de la vacancia de la Presidencia de la República por incapacidad moral.
No obstante, y a pesar también de iniciales condenas de la comunidad internacio-
nal, el régimen de facto logró asentarse. En el plano local, la opinión pública lo
favoreció. El 71% de la población aprobó la disolución del Congreso y el 89% se
expresó de acuerdo con la reestructuración del poder judicial. Por otro lado, el
51% de la población consideraba que el régimen que se iniciaba el 5 de abril era
democrático, y sólo el 21% creía que se debía declarar la vacancia presidencial.
Fue fundamental para la estabilización del régimen la asamblea de cancilleres
de la OEA donde Fujimori anunció elecciones para un nuevo Congreso Constitu-
yente. El 1 de junio se convocaron esas elecciones. El órgano resultante se llama-
ría Congreso Constituyente Democrático (CCD) y sus integrantes fueron electos
el 22 de noviembre. Sin oposición real al frente, el régimen tuvo un período de
casi nueve meses —desde abril de 1992 hasta diciembre de 1992— para gobernar
sólo con sus propias reglas: por decreto y sin contrapeso de poderes.
G OBERNAR POR DECRETO
El mismo 5 de abril de 1992 el gobierno de Fujimori emprendió la promulgación
de una serie de decretos ley que modificaron sustancialmente la legislación
antiterrorista, violando en varios casos la suspendida Constitución de 1979. Se
promulgaron también los decretos legislativos sobre pacificación que habían