Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 326

H ACIA EL GOLPE DE E STADO: LOS DECRETOS LEGISLATIVOS DE NOVIEMBRE DE 1991
Como parte de la estrategia para conseguir respaldo financiero de los Estados
Unidos, el gobierno proclamó su compromiso con el respeto de los derechos hu-
manos y con la concertación entre fuerzas políticas. En mayo de 1991 dio a cono-
cer una propuesta de pacificación en la que sostenía la importancia de respetar
estrictamente las normas constitucionales y los derechos humanos. «La violación
masiva e inmisericorde de los derechos humanos por parte de los grupos subver-
sivos no justifica la comisión de abusos por parte de agentes estatales», sostenía
el texto de la propuesta que fue llevada ante los partidos políticos representati-
vos. Fue con el aval de esa propuesta que el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo,
a inicios de junio, facultades para legislar sobre pacificación, reorganización del
Estado, inversión privada y promoción del empleo por un período de 150 días.
Luego de la tercera reunión de las fuerzas políticas a fines de junio, se anunció
la formación de una comisión de cuatro representantes de partidos políticos para
consolidar los principales acuerdos sobre pacificación. En julio se suscribió un
Acuerdo Político Nacional que contemplaba «el diseño de una estrategia
contrasubversiva democrática e integral». Sin embargo, ya aparecían tensiones
entre gobierno y oposición en el Parlamento, las que se intensificaron cuando
Cambio 90 perdió la presidencia de ambas cámaras. A partir de julio de 1991,
Fujimori acentuó su táctica de desprestigiar al Parlamento ante la opinión públi-
ca. Se pasaba, así, de la cooperación pragmática a la confrontación. Y mientras
las fuerzas políticas seguían pactando sobre una estrategia de pacificación
consensuada, el núcleo oculto del gobierno —la camarilla de asesores— elabora-
ba una rígida propuesta legal para la lucha contrasubversiva.
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las áreas críticas». Así, conforme se ha explicado en el capítulo anterior, en 1990
las operaciones contrasubversivas ampliaron su radio de acción hacia los
asentamientos humanos del oeste de Lima, como Huaycán y Raucana, y hacia las
universidades nacionales, principalmente La Cantuta y San Marcos. También se
expandieron hacia el oriente de Junín hasta el río Ene, donde se liberó del PCP-SL
a cientos de nativos asháninkas, y hacia el nororiente, a las zonas cocaleras de
Huánuco, San Martín y Ucayali.
El despliegue incluyó procedimientos de eliminación selectiva y otras formas
de violación de los derechos humanos que fueron denunciados por distintas or-
ganizaciones civiles. Las Fuerzas Armadas —alentadas por el propio gobierno—
buscaban, entonces, eliminar la fiscalización de las instituciones democráticas.
Aunque de manera incipiente, un sistema de impunidad estaba en marcha. El 23
de diciembre de 1990 el gobierno decretó que las acciones de las Fuerzas Arma-
das y de la policía en las zonas declaradas en estado de excepción eran materia de
los órganos de justicia militar. Una señal previa de esta tendencia fue la ratifica-
ción por parte del Senado de los ascensos otorgados a los generales de brigada
del Ejército Peruano Jorge Rabanal Portilla y José Rolando Valdivia Dueñas, vin-
culados con la matanza de reclusos en centros penitenciarios en 1986 y con el
asesinato colectivo en una comunidad andina en Cayara, respectivamente.