Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 325

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tralizada la amenaza de un golpe de Estado y renovado el alto mando militar, se
presentaba la oportunidad de realizar cambios en las fuerzas del orden y modi-
ficar las relaciones de poder. Estos cambios se produjeron, pero sin conquistar
consenso institucional; pues desde el inicio estuvieron signados por la interven-
ción de Montesinos, quien favorecía la relación del nuevo gobierno con el Ejército.
Junto con ello, se procedió a someter a las Fuerzas Policiales al control militar.
Mientras introducía estos cambios, el gobierno puso en práctica un plan de
ajuste económico de choque, anunciado por el ministro Juan Carlos Hurtado Miller
en agosto. Era un ajuste muy severo, que fue implantado sin la puesta en marcha
de programas sociales de emergencia. La estabilización económica del país, el
cambio de la estructura financiera y comercial hacia un modelo liberal y la recu-
peración del crédito internacional ocuparon una significativa porción de los es-
fuerzos del gobierno en 1990 y 1991.
Mientras esto ocurría, el presidente Fujimori se iba deshaciendo de sus cola-
boradores iniciales —profesionales vinculados con la izquierda— y armando un
equipo en consonancia con el camino adoptado. En el plano político, ello significaba
distanciarse de la imagen de concertador con que Fujimori había llegado al go-
bierno y que había ensayado aún en los primeros meses de su gestión.
A diferencia de los gobiernos anteriores, el presidido por Alberto Fujimori no
tenía mayoría parlamentaria. Su partido, Cambio 90, obtuvo solamente 32 diputa-
dos y 14 senadores, es decir, el 23% y 18% del total de miembros de cada cámara,
respectivamente. Esta situación obligó al gobierno a establecer alianzas pragmáti-
cas sobre asuntos muy específicos: con el Frente Democrático sobre los temas tocantes
al programa económico y con el Partido Aprista Peruano sobre los de interés político.
Fuera de ello, no hubo de parte del gobernante la intención de edificar un partido
político con el cual gobernar; se perfilaba entonces la opción de hacerlo con un
régimen oculto, apoyado en operadores políticos en la sombra y en alianza con
sectores de las Fuerzas Armadas. Se gestaba, pues, una camarilla de «poder real» en
la que Montesinos tendría un papel preponderante, al lado de otros «asesores»
del gobierno como Santiago Fujimori (hermano del Presidente), Augusto Antonioli
y Absalón Vásquez.
En estos primeros meses, el gobierno adoptó una postura pública favorable al
respeto y a la protección de los derechos humanos. En gran medida, era una
respuesta a las nuevas exigencias del gobierno de los Estados Unidos, cuyo apo-
yo era fundamental para la reinserción en los circuitos financieros.
En los hechos, sin embargo, se mantenía la tendencia a favorecer la impunidad
practicada por los ex presidentes Belaunde y García. Entre muchos casos relevan-
tes, cabe señalar que durante 1990 y 1991 varias decenas de estudiantes de la Uni-
versidad Nacional del Centro, en Huancayo, fueron víctimas de desaparición for-
zada sin que las autoridades investigaran los hechos ni señalaran responsables.
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DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA CONTRASUBVERSIVA Y LA IMPUNIDAD
A inicios de 1990, las Fuerzas Armadas elaboraron el «Plan de Campaña para la
Contrasubversión — Período 1990-1995». El cronograma del plan planteaba que
entre el 1 de agosto de 1990 y 31 de julio de 1992 la tarea sería la «recuperación de