Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 323

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vas es diferente de la «verdad oficial» construida en la década del 90. Aunque
hubo aciertos significativos que se señalan en el Informe Final de la CVR y en este
volumen, las acciones decisivas para desactivar la amenaza de la subversión fue-
ron realizadas al margen y, en ocasiones a contracorriente, de la estrategia de
signo fundamentalmente militar favorecida por el gobierno. Por otro lado, la CVR
ha constatado que los gobiernos que encabezó el presidente Fujimori, en estrecha
colaboración con Vladimiro Montesinos y con un dominio muy férreo de los apa-
ratos del Estado, son responsables de graves violaciones de derechos humanos.
El final de la década y del segundo gobierno de Fujimori mostró que, por privile-
giar objetivos estrictamente políticos, ya pesar de las proclamas de dureza frente
al terrorismo que siempre hicieron el Presidente y sus colaboradores, se había
descuidado el trabajo contrasubversivo y se había desperdiciado la oportunidad
de dar una solución definitiva al problema.
L AS F UERZAS A RMADAS Y EL NUEVO GOBIERNO
El gobierno de García Pérez dejó al país sumido en una profunda crisis económi-
ca y social, con una inflación anual superior a 2,775% en 1989 y, en lo relativo a la
violencia, con 65 provincias y un distrito en estado de emergencia. La campaña
electoral para suceder a García fue sumamente enconada y terminó con dos can-
didatos enfrentados en una segunda vuelta: Mario Vargas Llosa, por el Frente
Democrático, y Alberto Fujimori, por Cambio 90. Las propuestas eran aguda-
mente antagónicas, un antagonismo que reproducía el ánimo del electorado. Mien-
tras Vargas Llosa proponía un ajuste macroeconómico severo como preludio a la
instauración de un régimen económico liberal, Fujimori defendía las políticas de
ajuste gradual y tomaba distancias del liberalismo económico. En cuanto al com-
bate a la subversión —una verdadera prioridad nacional en ese momento—
Fujimori sostenía que su estrategia sería fundamentalmente atacar «el hambre
y la miseria» en tanto constituían, en su opinión, «caldo de cultivo» de la
subversión. No obstante, una vez en el gobierno, fueron otras las políticas que
puso en práctica el nuevo Presidente.
Como se ha señalado antes, durante los últimos años del gobierno de García
Pérez, las Fuerzas Armadas iniciaron por su cuenta una redefinición de su enfo-
que de la lucha contrasubversiva. Ese replanteamiento implicaba que las Fuerzas
Armadas definieran las políticas de Estado según las necesidades de la guerra: la
«contrasubversión» era un objetivo más alto que el régimen democrático en sí
mismo. Esa nueva estrategia enfatizaba las operaciones psicosociales y, sobre todo,
las de inteligencia, y consideraba también la perpetración de violaciones de los
derechos humanos, que aunque menos numerosas, serían más premeditadas. Todo
ello demandaba a su vez una readecuación de la institucionalidad estatal.
Así, durante 1989, un grupo de militares y civiles se dedicó a planificar un
golpe de Estado orientado a implantar en 1990 una «democracia dirigida». Este
plan —que tiempo después se hizo conocido, como ya se mencionó, como «Plan
Verde»— implicaba establecer un régimen militar secreto, de poder real o «do-