Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 320

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del Ejército, Luisa Zanatta, denunció desde Miami, donde está oculta, las
presiones y chantajes del SIN a las instituciones electorales, los candidatos de
oposición y la prensa.
Montesinos, a diferencia de Hermoza Ríos, afrontó el vendaval con un audaz
proyecto para continuar la expansión de los poderes presidenciales y del SIN. El
presidente Fujimori anunció que el SIN y los servicios de inteligencia de las Fuer-
zas Armadas se encargarían en adelante también de la lucha contra la delincuen-
cia. La idea era aprovechar la inseguridad sentida por la población a causa de los
delitos comunes para ampliar el poder del SIN en los procedimientos policiales y
penales, y aplicar a los demás delitos los procedimientos sumarios inventados
para combatir el terrorismo. El Congreso otorgó al Ejecutivo facultades especia-
les para legislar sobre este tema y el Ejecutivo respondió con un amplio paquete
de decretos-leyes. El Defensor del Pueblo presentó un detallado informe que de-
mostró la inconstitucionalidad de la mayoría de estas normas y su carácter con-
trario al desarrollo del estado democrático de derecho. Lamentablemente, eso
tuvo poco efecto. Este último éxito de Montesinos correspondió a una demanda
de la Policía Nacional del Perú para simplificar el trabajo de captura e investiga-
ción. Repetidamente venían solicitando, para su ley orgánica, que fuera una atri-
bución policial detener hasta por 48 horas con motivo de una investigación poli-
cial o para mantener el orden público. Como esto habría sido una fuente más de
atropellos y chantajes cotidianos a la población, no prosperó por la vía legislativa
regular. Por la vía de los decretos legislativos se obtuvo largamente.
El 20 de agosto de 1998, Nicolás Hermoza Ríos fue relevado de su cargo de
Comandante General del Ejército. La despedida fue sorprendentemente discreta
y expeditiva, tratándose de un hombre que había ejercido gran parte del poder
del Estado y había sido uno de los pilares del régimen desde el golpe de Estado
del 5 de abril de 1992. Lo sucedió el general EP César Saucedo. Como una señal de
que Hermoza Ríos había caído en desgracia, la Fiscal de la Nación dispuso el 12
de marzo de 1999 que la 46 fiscalía provisional de Lima investigase a Hermoza
Ríos por los delitos de rebelión, daños al país, violación de la libertad de expre-
sión y abuso de autoridad.
Al día siguiente, el 13 de marzo, tuvo lugar una sesión especial del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la cual participaron también los altos man-
dos de la Policía y representantes del SIN, incluyendo a Vladimiro Montesinos.
El objetivo de la reunión fue suscribir un acuerdo para respaldar el golpe de Esta-
do del 5 de abril de 1992 y las leyes de amnistía, así como rechazar las maniobras
para empañar la imagen de las Fuerzas Armadas y restar mérito a la victoria
sobre el terrorismo. El acuerdo incluyó una condena a las actividades de Baruch
Ivcher. Días después, el 19, se reunió a los oficiales superiores en servicio activo
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que estaban en el país, más el
personal del SIN, para que cada uno firmara y pusiera el sello de goma de su
dependencia al pie del texto del mismo acuerdo.
Este evento fue un síntoma de agotamiento del régimen. La necesidad de ha-
cer firmar a todos los oficiales un acuerdo de condenar y castigar a quien se apar-
te de la línea allí trazada surge de una profunda inseguridad de Montesinos y de
los nuevos comandantes. Se temía seguramente que el apoyo al régimen actual