Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 319

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de diciembre de 1996 fue la última operación militar que contribuyó al prestigio
del gobierno, como se explica más adelante, con la particularidad de que estos
laureles fueron amargamente disputados en los años siguientes entre Fujimori y
Hermoza Ríos, lo que causó una desunión que hizo recrudecer el viejo problema
del sometimiento de las Fuerzas Armadas a Fujimori. En octubre de 1987 Hermoza
Ríos reclamó la autoría de la operación en un libro que fue presentado en la Uni-
versidad del Pacífico, con la asistencia del «doctor» Vladimiro Montesinos. En
diciembre, Fujimori dejó entrever a los medios que estaba evaluando la perma-
nencia en el cargo del presidente del Comando Conjunto, general Nicolás Hermoza
Ríos. La respuesta de las Fuerzas Armadas fue una inaudita reunión de los jefes
de las seis regiones militares, quienes abandonaron simultáneamente sus bases y
se reunieron en Lima con el presidente del Comando Conjunto con el pretexto de
que era su cumpleaños.
Paralelamente a este proceso de desunión, corrió otro aun más amargo y
destructivo, el que empezó el 23 de mayo de 1997 con un comunicado del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas contra el ciudadano Baruch Ivcher. El canal de
televisión cuyo accionista mayoritario era Ivcher había dejado de apoyar al régi-
men y publicado graves denuncias contra él (como los ingresos de Montesinos, el
caso sobre Leonor La Rosa, etcétera), después de haberlo apoyado fielmente du-
rante años. Ivcher había estado vinculado a las Fuerzas Armadas también por
una serie de contratos como proveedor. Sin que nadie pudiera saber a qué se
referían exactamente los generales al hablar de una «tendenciosa y malintencionada
campaña», Ivcher se había convertido en el primer peruano merecedor de un co-
municado de las Fuerzas Armadas sobre su comportamiento personal, sin que
mediara denuncia penal ni juicio alguno. Para completar el amedrentamiento, el 28
de mayo, el Ministerio del Interior publicó el Reglamento de la Ley de Nacionali-
dad que regula los requisitos para la obtención y pérdida de la nacionalidad perua-
na por parte de ciudadanos extranjeros, en cuyo artículo 12 se señala como una de
las causales para que el Estado peruano cancele la nacionalidad otorgada a los
ciudadanos extranjeros «cometer actos que pudieran afectar la Seguridad Nacional
y el interés del Estado, previo informe de los organismos competentes». Si Ivcher
perdía la nacionalidad, perdía también el control del canal, pues no está permitido
a extranjeros regir canales de televisión en el Perú. La respuesta de la mayoría de
los diarios, radios y televisoras fue indignada y directa.
En vez de revertir en una ganancia para la imagen del gobierno, esta opera-
ción reveló la peligrosidad de su vocación autoritaria y antidemocrática, y causó
inseguridad en el empresariado y hasta en los medios de prensa conservadores.
Al quitarle la libertad de expresión, y luego la ciudadanía y la propiedad a Ivcher,
el régimen se mostró capaz de atentar contra los principios más elementales de la
sociedad moderna.
En 1998 surgieron una tras otra las denuncias e investigaciones sobre las
operaciones especiales con personal militar comandado directamente desde el
SIN. Mesmer Carles Talledo, un ex informante del SIN, reveló las actividades del
grupo Colina. El jefe de este grupo, el amnistiado mayor EP Santiago Martín
Rivas, fue investigado por el Congreso y se produjo su célebre retirada por una
ventana del palacio legislativo para eludir a la prensa. La ex agente de inteligencia