Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 318

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Fujimori se hizo presente en el teatro de operaciones más para sacar provecho
político que para apoyar el esfuerzo de guerra. Señaló el puesto de Tiwinza como
un objetivo militar decisivo y declaró, sorpresivamente, en medio de los comba-
tes, que las fuerzas peruanas habían desalojado de allí a las fuerza ecuatorianas y
que, en vista de esta victoria, él había decidido un cese unilateral del fuego a
partir del mediodía del martes 14 de febrero. En los hechos, Tiwinza no había
quedado bajo control militar peruano. En el momento de la orden del cese de
fuego, fuerzas de avanzada peruanas quedaron en posiciones desventajosas y
con las líneas de aprovisionamiento cortadas. Los pasos diplomáticos del mes de
marzo, bastante favorables a la paz, más las elecciones presidenciales de abril,
terminaron de distraer la atención de lo que había pasado realmente en Tiwinza.
La mentira de Fujimori se convirtió en una firme convicción de quienes habían
arriesgado sus vidas en ese conflicto, tan firme como su decisión de volver a
arriesgarla contra quienes dijeran lo contrario. Así, mezclando el honor de las
Fuerzas Armadas con una falsedad inaceptable para la ciudadanía consciente,
Fujimori mantenía a las Fuerzas Armadas sometidas a su voluntad y fomentaba
en ellas, y en los fujimoristas, un odio falsamente patriótico contra los críticos
democráticos del régimen.
Meses antes del conflicto, en septiembre de 1994, el general Howard Rodríguez,
jefe de la Primera Región Militar, había sido sorprendido por periodistas repar-
tiendo propaganda electoral impresa de Fujimori. Lo acompañaban numerosos
oficiales y personal de tropa, en una especie de operativo militar de acción cívica
en apoyo a la campaña electoral de Fujimori. Tales acciones de proselitismo
oficialista a cargo de las Fuerzas Armadas habían sido detectadas en muchas
partes antes de que esta acción particular fuese revelada. Ésta sí causó escándalo,
pero la justicia militar sólo halló responsabilidad en oficiales de baja gradación.
Fujimori abusó de su popularidad renovada por su reelección y del desenlace
pacífico del conflicto del Cenepa. El Congreso aprobó en junio de 1995 una ley de
amnistía general que eliminaba las sentencias condenatorias y procesos por deli-
tos cometidos durante la lucha contra el terrorismo y, al mismo tiempo, anulaba
las condenas por el intento de golpe militar contra Fujimori del 13 de noviembre
de 1992 y las más recientes por ultraje a la Nación y a las Fuerzas Armadas. Esta
amnistía echaba por los suelos la justicia y creaba especial confusión, además de
ser ofensiva. El conflicto con el Ecuador dio a la camarilla presidencial-militar
liderada por Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos la ocasión para emprender
nuevas adquisiciones de armamento y, de paso, cometer desfalcos y desvíos de
dinero público hacia actividades ilícitas.
El cuestionamiento político internacional al gobierno de Fujimori arreció con-
forme éste acelera sus medidas para perpetuare en el poder; pero, al mismo tiem-
po, los Estados Unidos otorgaron reiteradamente al Perú buenas calificaciones
en la lucha antidrogas y renovaron la ayuda por este concepto. Nada fue obstácu-
lo para que continuara la cooperación con el régimen. En agosto de 1999 volvió a
felicitar en público la política antidrogas del Perú y en particular al SIN como
uno de sus gestores.
La exitosa operación Chavín de Huántar que liberó el 22 de abril de 1997 a los
rehenes que retenía el MRTA en la residencia del embajador japonés desde el 17