Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 315

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En resumen, en 1992, las Fuerzas Armadas y el SIN, únicos agentes del Estado
responsables de combatir el narcotráfico, permitieron que las mismas bases
militares le prestaran servicios y facilidades, en vez de combatirlo, a cambio de
módicas sumas que permitían incrementar la presencia militar en la zona. Así
estuvieron dadas las condiciones para que el narcotráfico acumulara ganancias,
invirtiera y se expandiera. El Jefe del frente Huallaga era en ese tiempo el general
EP Ríos Araico, quien llegó a admitir, cuando fue procesado por narcotráfico
junto con la mayoría de sus oficiales, que el rancho y otros gastos semejantes se
mejoraban con esos dineros.
El dinero del narcotráfico empezó a fluir más alto en la cadena de mando y en
mayores cantidades cuando el Comando Conjunto y el SIN, en cooperación con
la Drug Enforcemente Agency (DEA) —que nunca dejó de operar en la base de
policía aerotransportada en Santa Lucía— emprendieron operaciones represivas.
Las formas de apropiarse del dinero del narcotráfico se vuelven más arriesgadas
y audaces a inicios de 1993, cuando los vuelos de interdicción de la FAP, la des-
trucción de pistas ordenada desde Lima y la inteligencia obtenida por el personal
de la DEA comienzan a hacer estragos. Hay casos de asalto a narcoterroristas con
el propósito de apropiarse de la droga, casos de arreglo posterior con los familia-
res de los narcotraficantes incautados o detenidos, declaración de sólo una pe-
queña parte de la droga incautada, incluso un caso de liberación de un mando del
PCP-SL, Chatín, que administraba la logística de la zona de Tocache. Según testi-
monio del ex informante de la DEA, Óscar Benítez Limares, algunas firmas que
operaban en Campanilla le encargaron a él arreglar la salida, en helicópteros del
Ejército, de 20 toneladas de droga que habían quedado enterradas. A través de
oficiales del Ejército, Benítez consiguió reunirse en Lima con Vladimiro
Montesinos, quien autorizó los vuelos en helicóptero hacia el centro de procesa-
miento en Palmapampa, Ayacucho, y de allí hacia Colombia, a cambio de alrede-
dor de un millón de dólares. También el narcotraficante Manuel López Paredes
usó los helicópteros del Ejército para trastear la droga. Esto último fue compro-
bado mediante un operativo encubierto de la policía antidrogas, organizado con
cobertura de la DEA.
A fines de 1993, las bases militares contrasubversivas estaban hundidas en
la inacción y la falta de recursos como consecuencia del predominio de las opera-
ciones planeadas y dirigidas desde Lima o desde la base policial apoyada por la
DEA en Santa Lucía. Las operaciones especiales, fueran para reprimir a
narcotraficantes aliados con el PCP-SL o para favorecer a algunas firmas del
narcotráfico, concentraban la acción y el dinero en manos de grupos de coman-
dos aerotransportados que respondían a órdenes directas del SIE, la DINTE, el
Comando Conjunto y, en último término, el SIN. Montesinos había desalentado y
desorganizado esa forma de hacer inteligencia al darle prioridad a una estructura
paralela de operaciones especiales dependiente directamente de él y desvinculada
de los demás eventos en los teatros de operaciones de los frentes.
El cambio de la estrategia militar está registrado en el manual del Ejército
Contrasubversión - Doctrina y procedimientos - Aplicación contra los movimientos sub-
versivos en el Perú (ME 41-1-B), aprobado por Nicolás Hermoza Ríos, que conoce-
mos en una edición del Comando de Instrucción de enero de 1996. No es difícil