Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 314

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dentro de su institución, Arciniega y sus familiares más cercanos emigraron a
Argentina. Otros, entre ellos muchos de los más distinguidos por sus méritos
personales, fueron destacados a puestos burocráticos o diplomáticos donde se
estancaba su carrera, como el puesto de agregado militar en Ucrania, o el de
Cuba. La represión estaba dirigida también pues a los oficiales en retiro, a fin de
que no empleasen su autoridad sobre los oficiales más jóvenes para alentar acti-
tudes críticas hacia el régimen.
La postergación o alejamiento de los oficiales mejor preparados, quienes se
distinguían también naturalmente por su independencia de criterio y liderazgo
militar, ha sido uno de los daños que han sufrido las Fuerzas Armadas, y con ellas
el Estado peruano, como consecuencia del respaldo institucional militar al golpe
de Estado del 5 de abril.
Uno de los decretos legislativos de noviembre de 1991 que el Congreso no
ratificó fue el 746 sobre el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA). Esa norma
daba amplias atribuciones al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y lo ponía
bajo la responsabilidad directa del Presidente de la República, sin dar lugar a
ningún control ministerial, judicial ni parlamentario. El SIN establecería su pro-
pio presupuesto y sus planes de operaciones, manteniendo todo esto clasificado
como secreto. Estas atribuciones concluyeron en una serie de actos no sólo irre-
gulares, sino también criminales que involucraron a las más altas autoridades del
régimen de entonces y que son reseñados extensamente en el Informe Final de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Tan drástico e inmediato como el shock económico, pero menos perceptible,
fue el ingreso de personal de las Fuerzas Armadas en 1990 a dirigir la Policía
Nacional del Perú. La subordinación de la PNP a los jefes de los comandos
políticosmilitares en las zonas de emergencia quedó completada cuando las me-
jores capacidades de acopio de información a partir de fuentes no públicas que-
daron bajo el control de las Fuerzas Armadas. En ese mismo acto, las investiga-
ciones policiales terminaron de claudicar ante los operativos de inteligencia y
contrainteligencia.
Así se produjo en 1991 una situación paradójica. Mientras Fujimori negociaba
intensamente con los Estados Unidos para recibir ayuda militar y el Departamen-
to de Estado insistía ante el Congreso norteamericano en la necesidad de ayudar
militarmente al Perú para «reducir el flujo de narcóticos hacia los Estados Uni-
dos», Montesinos y Hermoza Ríos monopolizaban la presencia del Estado en el
Alto Huallaga, propiciando la corrupción total del alto mando militar peruano y
de los soldados destacados a dicha zona.
A más tardar en enero de 1992 se había reanudado en Uchiza el pago de cupos
a las bases contrasubversivas. Cada jefe de BCS recibía dos mil dólares por cada
vuelo que despegaba de la pista controlada por la base. Otro tanto recibían el alcal-
de, el gobernador y el frente cocalero. Simultáneamente, se pagaba también al PCP-
SL y a la base policial de Santa Lucía. En otras palabras, todos los actores de la zona
que tenían capacidad para afectar el narcotráfico recibían cupos regularmente. En
la base militar, el cupo se repartía en forma proporcional, cantidades mayores a
los oficiales y menores a los subalternos. Una parte se reservaba para alimentación,
otra eventualmente para combustible y mejoras de las instalaciones.