Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 312

1992-2000: EL PAPEL DE LAS F UERZAS A RMADAS DESDE EL GOLPE DE E STADO DE 1992 HASTA LA
SALIDA DE A LBERTO F UJIMORI F UJIMORI
No corresponde referir aquí los acontecimientos del golpe de Estado del 5 de abril
de 1992, pero sí destacar que se trató de un amplio operativo militar, de la misma
naturaleza y dimensiones que el operativo previsto en el Plan Político-Militar.
El domingo 5 de abril de 1992 las operaciones golpistas se concentraron en
Lima, porque en el Perú el poder político está centralizado (mientras que el pode-
río militar no). Las fuerzas de Lima ejecutaron pues las operaciones, las de las
regiones y frentes se limitaron a prestar su respaldo. Ese día, en horas de la tarde,
fueron llamados por teléfono todos los comandantes de unidades operativas,
para indicarles que debían ver por televisión el mensaje presidencial que se
propalaría esa noche y luego llamar por teléfono a su comandancia general. Los
jefes regionales llamaron esa misma noche para expresar su respaldo al golpe de
Estado. La CVR sólo ha tenido noticia de una honrosa excepción, pero no podemos
descartar que haya habido más de una.
La desobediencia civil protagonizada en los días siguientes al golpe de Estado
por muchos congresistas y líderes de la sociedad civil en verdad no tenía objeto,
pues le hacía frente a una fuerza resuelta a emplear las armas y a violar todas las
libertades fundamentales para consumar sus propósitos. Por ello, fue breve y
simbólica. Pero lo más característico de ese operativo militar, y del régimen que
así nacía y que las Fuerzas Armadas apoyaron institucionalmente durante ocho
años, fue el uso insidioso de operaciones encubiertas y psicosociales para contro-
lar el proceso político. La técnica fundamental de este control está bien explicada
en la doctrina de la «guerra política» de la escuela de Taiwán. Las masas son
controladas mediante información y desinformación propagandística.
Como se verá con más detalle en el capítulo siguiente, desde el golpe de Estado
hasta que se instaló el Congreso Constituyente Democrático (CCD), Fujimori
legisló profusamente usurpando la función del Poder Legislativo. Luego el CCD
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El Congreso tenía 30 días para revisar los decretos. En los pocos días que
quedaban hasta el cierre de la legislatura ordinaria el 15 de diciembre, derogó 6
decretos, el 731 y 764, que postergaban la entrada en vigencia del código procesal
penal; el 736, 747 y 762, que penalizaban el blanqueo de dinero, el encubrimiento
del narcotráfico y la revelación o difusión de informaciones que obtiene o proce-
sa el Sistema de Defensa Nacional. Por la imprecisión de sus términos, estos de-
cretos se prestaban a ser mal usados en desmedro de las libertades democráticas.
Pero fue la derogatoria del 746, la Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, lo
que más escandalizó al Ejecutivo, porque se trataba directamente de un instru-
mento central de la lucha contrasubversiva. En respuesta, el Presidente observó
estas derogatorias y no las promulgó. A continuación, el 7 de febrero la Mesa
Directiva del Congreso promulgó la ley 25399 que contenía las normas que dero-
gaban esos decretos. La respuesta inmediata de Fujimori fue hacer el último día
del año numerosas observaciones a la Ley General de Presupuesto para 1992,
impidiendo así su promulgación en un momento en que el Congreso no podía
reunirse para resolver el impasse.