Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 311

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espacio a quienes insistían en controlar con criterios básicos de moral y justicia
las acciones de las Fuerzas Armadas. Esta necesidad se creó porque Fujimori
pretendió y consiguió paulatinamente un liderazgo personal sobre la Fuerzas
Armadas, en vez de desempeñar el papel decorativo que ellas habían previsto
para el presidente en el Plan Político-Militar.
La fuente de iniciativa política de Fujimori era la contrasubversión entendida
como un proceso de transformación de la sociedad y del Estado superior al pro-
ceso democrático. La vehemencia por dejar en un segundo plano los controles
éticos y legales de la acción armada no respondía a necesidades intrínsecas de
ésta, sino a la propia y particular necesidad de Fujimori de hacerse un capital
político. El doble juego del nuevo régimen se refleja en la Directiva del Ministerio
de Defensa (003-91-MD/SDN) sobre política de pacificación, elaborada ese año
en la Secretaría de Defensa Nacional. La directiva contiene un amplio programa
político que abarca los campos militares y no militares de la Defensa que no se
detiene ante los riesgos que dicho programa implica para la democracia y el esta-
do de derecho.
Fujimori mantenía vivos, por un lado, al estado de derecho y la política parla-
mentaria, a fin de ponerse por encima de la autoridad militar; pero, por otro, los
rebajaba y debilitaba al extremo, en nombre de la contrasubversión, a fin de acu-
mular poder para él solo y no compartido realmente con los demás poderes del
Estado. Era una estructura de poder contradictoria, pero real y funcional para
Fujimori en ese momento. La técnica de Fujimori para desbordar al Legislativo
con iniciativas a favor de una contrasubversión sin control democrático fue pro-
ducir en serie decretos supremos y, luego, con las facultades extraordinarias que
obtuvo del Congreso, decretos legislativos cuyo contenido era ilegal, inconstitu-
cional o impropio de una democracia. Lo que el Congreso no previó fue que en
los meses siguientes Vladimiro Montesinos sería el orquestador de la producción
de 126 decretos legislativos, entre los cuales había muchos, especialmente entre
los 35 referidos a la pacificación, que abandonaban la base constitucional y de-
mocrática del Estado y ponían al Congreso en la alternativa entre permitir tal
desfiguración del régimen político o enfrentarse al Ejecutivo en un debate en el
que muy difícilmente recibiría apoyo popular.
En julio fue presentado en televisión por la periodista Cecilia Valenzuela un
documento de las Fuerzas Armadas que indicaba el uso de la estrategia de elimi-
nación selectiva. El documento fue negado por el Comando Conjunto en un comu-
nicado. Hubo entonces también denuncias de asesinatos cometidos por
paramilitares. Ahora sabemos que no fueron paramilitares, sino oficiales en acti-
vidad organizados en pelotones de operaciones especiales. Las denuncias de vio-
laciones de derechos humanos se acumulaban y eran difundidas por organismos
internacionales sin que ello causara efecto alguno sobre la marcha de las opera-
ciones contrasubversivas. La mayoría de la población no estaba dispuesta a arries-
gar en defensa de principios éticos y legales el poco bienestar particular que le
quedaba. Pero el Congreso no claudicó ante el desafío que le presentaron los
decretos legislativos de Fujimori y Montesinos. Prefirió ponerse en curso de coli-
sión con el ejecutivo, aunque ello fuera precisamente lo que buscaban los golpistas
para justificar una acción de fuerza contra el orden constitucional.