Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 310

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do las Fuerzas Armadas y policiales estén en condiciones de operar conjunta-
mente en operaciones antinarcóticos y (c) cuando se hayan hecho progresos avan-
zados en el cumplimiento de los acuerdos de Cartagena. Exigen que el Ejecutivo
acepte por escrito estas condiciones y que se haga después de cada desembolso
un informe al Congreso sobre cómo se han constatado los avances respectivos.
Por último, se exige que el personal militar peruano sea entrenado en los Estados
Unidos en vez de enviar instructores norteamericanos al Perú.
La gestión peruana incluyó una visita de Fujimori en octubre a su colega George
Bush para dar testimonio de su buena disposición a cumplir con los criterios de la
ayuda norteamericana. Ello no modificó en absoluto la posición del Congreso.
No se equivocaban. Ese mismo mes, en discursos pronunciados en ceremonias
militares, Fujimori califica de «tontos útiles» a los defensores de los derechos
humanos y señala la existencia de «terroristas infiltrados en pseudas organizacio-
nes humanitarias y defensoras de los derechos humanos». Pero la doble moral
continúa, pues en esos días se funda, con apoyo del gobierno, el Consejo por la
Paz, obviamente usado también para apaciguar las críticas internacionales. Si-
guiendo la misma lógica, llega a Lima ese mes, invitada por el gobierno peruano,
una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para infor-
marse sobre los casos denunciados.
El 17 de enero de 1992, el Departamento de Estado estadounidense aceptó
«reluctante» las condiciones impuestas por su Congreso, con tal de no omitir
ningún esfuerzo por reducir el flujo de droga hacia su país. Comunicaron a las
autoridades peruanas las condiciones, con énfasis en el registro de detenidos y
que la ayuda no incluiría los 10.05 millones para entrenar tres batallones
contrasubversivos del Ejército.
El apoyo económico y la asistencia militar en la lucha contra el narcotráfico y
la subversión se interrumpieron a causa del golpe de Estado del 5 de abril de
1992. En mayo de ese año, el Secretario de Estado Adjunto para asuntos
interamericanos, Bernard Aronson, se entrevistó con Fujimori y respaldó los cri-
terios adoptados por la OEA. A Fujimori no le impresionaba mucho el asunto,
pues los montos de la ayuda en cuestión no eran determinantes para sus planes.
En este contexto, es importante recordar que en marzo de 1992 Fujimori había
viajado en visita oficial al Japón, donde comprometió ayuda por 127 millones de
dólares. Así pues, con el golpe de Estado de 1992 se confirmaron brutalmente las
advertencias del Congreso norteamericano sobre la poca confiabilidad de Fujimori.
De lo visto podemos concluir que no sólo la naturaleza más selectiva de la
estrategia adoptada a partir de 1989 influyó en la reducción de la cantidad de
violaciones de los derechos humanos a partir de 1990. Un factor poderoso fue el
padrón de prisioneros actualizado diariamente y supervisado por el Comité de la
Cruz Roja Internacional y los fiscales peruanos. Este padrón fue introducido para
cumplir con una condición puesta por el Congreso de los Estados Unidos para
autorizar la ayuda económica al Perú. Eso contribuyó a que los líderes senderistas
que fuesen detenidos no fuesen luego desaparecidos, ni torturados ni muertos.
Los interrogatorios de inteligencia dejaron de tener consecuencias letales.
Otro factor influyente en esta evolución fue la necesidad del gobierno de
Fujimori de mantener algunas formas políticas democráticas, las cuales dieron