Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 309

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derechos humanos durante la lucha contrasubversiva. Fujimori dio una serie de
pasos, algunos reales y otros simulados, para acceder a las exigencias norteame-
ricanas. Este proceso duró todo el año 1991 y, en 1992, luego de haber recibido el
Perú las primeras promesas de desembolso, fue interrumpido abruptamente por
el golpe de Estado de 1992.
Como un paso preparatorio para obtener la ayuda económica, el gobierno del
Perú firmó con los Estados Unidos en el mismo mes de mayo un convenio
antidrogas. El borrador de este convenio había sido revisado a la luz de los resul-
tados de la Conferencia Internacional «Narcotráfico, a un año de Cartagena» que
tuvo lugar en abril. De todos modos, la firma del convenio se realizó sin consultar
al Congreso peruano.
Por parte de los Estados Unidos había una expectativa llena de dudas y deba-
te entre el Congreso y la Administración. Mientras este último estimaba que eran
posibles algunos avances básicos en respeto a los derechos humanos e importan-
tes avances en la lucha antinarcóticos, el Congreso ponía énfasis exclusivamente
en la cuestión de los derechos humanos, convencido de que la situación es suma-
mente grave. Nuevos informes de la embajada en Lima llamaron la atención so-
bre el mérito especial de la lucha del gobierno de Fujimori contra el PCP-SL y el
MRTA, y atribuyeron parte de la responsabilidad de la corrupción a la debilidad
del poder judicial y la administración pública. Estos factores atenuantes de un
juicio crítico severo sobre el gobierno de Fujimori en materia de derechos huma-
nos no tuvieron mayor efecto en la posición del Congreso norteamericano. A los
datos sobre la magnitud de estas violaciones se añade el hecho de que en el Perú
se impidió sistemáticamente la investigación de los casos por agencias interna-
cionales pertinentes.
La reacción de la Administración norteamericana a este ataque frontal a sus
negociaciones con el Perú fue un contraataque igualmente frontal. Sobre la base de
la resolución presidencial 91-20, el Secretario de Estado estadounidense procedió a
constatar por su cuenta que el Perú sí satisfacía los criterios puestos por la INCA y
así lo expresó en carta del 30 de julio dirigida al Congreso, donde se da fe de ello,
repitiendo punto por punto los criterios de la INCA como ya satisfechos por el
Perú, y expresando su confianza en el compromiso asumido por Fujimori tanto en
la lucha contra el narcotráfico como en el respeto a los derechos humanos. El 31, un
memorándum elaborado por los agregados militares de la embajada de los Esta-
dos Unidos afirmaba que las violaciones de los derechos humanos cometidas en el
Perú, a su juicio, no eran una política del alto mando militar peruano.
La respuesta del Congreso de los Estados Unidos fue establecer una serie de
condiciones precisas para otorgar la ayuda gradualmente, conforme las condicio-
nes se cumplan. Una primera parte se pagaría cuando el personal de la Cruz Roja
y de la Fiscalía obtuviese libre acceso a todas las instalaciones de detención. Esta
primera parte estaría destinada a los repuestos urgentemente requeridos por la
Fuerza Aérea para los patrullajes aéreos antidrogas. La segunda quedó condi-
cionada a que el Perú demuestre eficiente control de aeropuertos para prevenir
el paso de drogas por ellos y cuando haya hecho progresos para cumplir con los
acuerdos de la Cumbre de Cartagena sobre estos temas. La tercera parte sería
entregada cuando (a) esté operativo un registro nacional de detenidos, (b) cuan-