Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 308

295
al mismo tiempo que el resultado expresa «las condiciones anormales por las
que atraviesa el Estado peruano».
Entre el 10 de junio, día de la segunda vuelta electoral, y el 28 de julio, día en
que asumió el gobierno, Fujimori permaneció varias semanas alojado en una suite
del Círculo Militar, a donde había sido llevado con el pretexto de velar por la
seguridad del presidente electo. Allí fue iniciado por Vladimiro Montesinos en
los planes secretos de las Fuerzas Armadas. El pronunciamiento militar previsto
se volvía improcedente en el momento en que Fujimori accedía a realizar las metas
de dicho plan. Es más, si la idea era que el control de las Fuerzas Armadas sobre
el gobierno elegido fuera secreto, entonces la instalación misma del nuevo siste-
ma debía ocurrir también en secreto. Esta versión perfeccionada y, al mismo tiem-
po, mediatizada del Plan Político-Militar fue puesta en vigor por Montesinos y
Fujimori en las conspiraciones de junio. Su sede sería el Servicio de Inteligencia
Nacional y todas sus funciones serían dirigidas por Vladimiro Montesinos.
No fue la política económica lo que puso a Fujimori en el camino del golpe de
Estado del 5 de abril, sino la voluntad de las Fuerzas Armadas —alentada por el
gobierno mismo— de eliminar todo control democrático sobre la política de se-
guridad y defensa. En octubre se realizó la primera prueba de fuerza en este
terreno. Fue el decreto supremo 017-90-JUS, por el cual el Ejecutivo otorgaba
amnistía a los procesados por excesos y violaciones de los derechos humanos
cometidos durante la lucha contrasubversiva. Como era previsible, el Senado dejó
sin efecto el DS, por encontrarlo inconstitucional e ilegal. A partir de ese momen-
to, Fujimori no perdió una ocasión para desacreditar a los poderes Legislativo y
Judicial, tildándolos de corruptos e irresponsables. Mientras tanto, las Fuerzas
Armadas y Policiales procedieron con redoblada dureza en la lucha contra la sub-
versión y las denuncias sobre ejecuciones ilegales, masacres, torturas y desapari-
ciones perpetradas por ellos aumentaron velozmente. Fujimori anunció, con ple-
no respaldo de las Fuerzas Armadas, una nueva estrategia contrasubversiva que
implicó la acción coordinada de todos los sectores del Estado. La polarización
política se dio entre la posición fujimorista a favor de una guerra contrasubversiva
irrestricta y la posición de la mayoría opositora en el Congreso, favorable a
profundizar la contrasubversión sin abdicar del control democrático ni del estado
de derecho. En ese contexto, Alan García fue librado de una acusación constitu-
cional en el Congreso por las masacres de Lurigancho y El Frontón gracias a que
los votos de la bancada fujimorista se sumaron a los del PAP.
Siguiendo una prioridad del Plan Político-Militar, el gobierno de Fujimori
emprendió a inicios de 1991 gestiones para conseguir ayuda económica de los
Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico y la subversión. Ahora conoce-
mos los pasos de esas negociaciones gracias a que han sido desclasificados los
mensajes que intercambiaron entonces la Embajada en Lima, el Secretario de Es-
tado James Baker y el Congreso de los Estados Unidos.
En respuesta a las primeras consultas, el gobierno norteamericano hace notar
que la ayuda internacional por este concepto está regulada por la norma llamada
INCA (International Narcotics Control Act, 1990). Esta norma es tan explícita en
lo relativo a las violaciones de los derechos humanos que el gobierno de Fujimori
se vio obligado a inventar una agenda de acciones para mejorar el respeto de los