Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 306

E L P LAN P OLÍTICO- M ILITAR Y EL ASCENSO DE A LBERTO F UJIMORI F UJIMORI
Durante 1989, al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas elaboraban y ponían
en funcionamiento la nueva estrategia contrasubversiva, un grupo de militares
y civiles preparó clandestinamente un plan de golpe de Estado para introducir
un sistema de «democracia dirigida» a partir del cambio de gobierno en julio de
1990. La línea política neoliberal y autoritaria de este extenso documento, conoci-
do en medios periodísticos como el «Plan Verde», fue asumida después por la
camarilla político-militar que Vladimiro Montesinos organizó alrededor de
Fujimori. En adelante, llamaremos Plan Político-Militar a este documento, a falta
de otro nombre más preciso. La idea del Plan Político-Militar era hacer un pro-
nunciamiento militar poco antes del cambio de gobierno, derrocar en el acto a
Alan García, detenerlo, procesarlo por traición a la Patria y presionar al nuevo
Presidente para que aceptara cogobernar con las Fuerzas Armadas. Esta acción
no se puso en marcha porque el ascenso de Fujimori complicó las cosas. El Plan
Político-Militar contaba con una polarización extrema entre el Fredemo y el Apra
que impediría una salida pacífica dentro del proceso democrático y daría lugar a
un pronunciamiento militar del que nacería un nuevo régimen civil sustentado
por las Fuerzas Armadas, el cual realizaría los dos grandes cambios inminentes e
inevitables, la reforma económica y la derrota del terrorismo. Pero el acercamien-
to político de Fujimori con el Apra y las izquierdas a inicios de su gobierno abrió
un compás de espera. Éste se alargó a causa de las negociaciones con los Estados
Unidos sobre la ayuda militar y económica para luchar contra la subversión y el
narcotráfico. En todo este proceso, Vladimiro Montesinos, aunque no había for-
mado parte del grupo creador del Plan Político-Militar, se hizo cargo de mante-
ner vivo el plan a través de estas complicaciones, actualizándolo y adecuándolo a
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criterio jurídico salta a la vista en una de las operaciones más agresivas, la
captación de colaboradores mediante la promesa de que no se investigará su
pasado. Una política semejante se aplicó bajo Fujimori con la ley de
arrepentimiento, aunque estuvo limitada por los elementos de estado de derecho
que la oposición y la presión internacional consiguieron mantener.
Finalmente, cabe destacar que, como parte de la «guerra psicológica», es ne-
cesario «[...] recalcar el hecho de que la lucha anticomunista es una lucha entre la
libertad y la esclavitud, entre la democracia y el totalitarismo. Por eso, la implan-
tación del régimen constitucional, la consolidación del imperio de la ley y la sal-
vaguarda de los derechos humanos son los objetivos fundamentales que persigue
nuestra empresa anticomunista y de salvación nacional». En otras palabras, la
plenitud del estado de derecho, la seguridad, es una situación ideal que algún día
se alcanzará mediante las acciones de la Defensa Nacional. En esta concepción,
así como en la «guerra política», el orden de los valores democráticos está inver-
tido. Así, resulta que quienes contribuyen a realizar los fines de la política de
defensa del Estado son los verdaderos defensores de los derechos humanos, aun-
que dicha política de defensa se ejecute mediante la suspensión de garantías y la
extinción de la luz pública, a través de operaciones encubiertas de servicios secre-
tos militares sin control democrático.