Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 300

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diferencia del de alta intensidad, en el que se despliega simultáneamente todo el
poderío militar para defender la existencia de los Estados Unidos.
Los agentes principales de estas guerras serían fuerzas de operaciones espe-
ciales que actuarían en pequeñas unidades de comandos. Los niveles de violencia
serían bajos en términos cuantitativos, pero se usarían altos niveles de violencia
en dosis concentradas durante operaciones selectivas especiales. Las recomenda-
ciones incluían un énfasis en el respeto a los derechos humanos para reforzar la
tesis de la selectividad. El entrenamiento en el respeto a los derechos humanos
refuerza la tendencia a aplicar la violencia de una forma selectiva y psicológica-
mente condicionante. En este sentido, el entrenamiento en derechos humanos
está previsto en este enfoque como un elemento esencial de la guerra de baja
intensidad. De ello resulta, paradójicamente, que los golpes selectivos y psicoló-
gicamente condicionantes son lo más parecido que existe al terror. La guerra de
baja intensidad encara como una tarea central practicar el contraterror a fin de
afectar lo más selectivamente posible a la organización enemiga y reducir lo más
posible el número de personas afectadas por violaciones de los derechos huma-
nos. En los conflictos de baja intensidad, las operaciones de apoyo a los esfuerzos
contrainsurgentes de gobiernos amigos se alternan con operaciones de apoyo a la
insurgencia contra gobiernos enemigos. En ambos casos, el conflicto de baja in-
tensidad implica una activa política pública de derechos humanos.
Además de instrumentalizar de este modo los derechos humanos, este resur-
gimiento de las capacidades militares «especiales» en los Estados Unidos dejó
atrás la noción de desarrollo socioeconómico propia de la estrategia antiguerrillera
de los años 60. Estos programas integrales en los campos no militares eran dema-
siado caros, lentos y políticamente costosos. Pasando por alto el valor de las re-
formas sociales y las inversiones estratégicas realizadas en esos años en muchos
países del llamado «Tercer Mundo», la administración Reagan eliminó de su po-
lítica contrasubversiva los planes de desarrollo nacional. Esto fue determinante
para el concepto de conflicto de baja intensidad.
Sobre este trasfondo internacional puede entenderse mejor la situación del
Estado peruano frente a la subversión terrorista a inicios de los años 80. Cuando
estalló la violencia terrorista, la política económica del gobierno elegido estaba
inscrita en la coyuntura política internacional y, por lo tanto, era contraria a la
concepción desarrollista de la década anterior. Sin embargo, la estrategia
contrasubversiva seguía siendo la misma, porque las Fuerzas Armadas no habían
cambiado. Cuando en 1984, el general Adrián Huamán Centeno, jefe de las ope-
raciones en Ayacucho, remite al gobierno de Belaunde una imperiosa demanda
de inversión pública masiva y reforma política y social en la zona de emergencia,
estaba nadando contra la corriente. La ausencia de apoyo internacional a grandes
proyectos de desarrollo no varió en los años siguientes, arrastró también los in-
tentos desarrollistas y estatizadores de Alan García. Sólo después de ello, en 1988,
las Fuerzas Armadas peruanas adoptaron sistemáticamente la estrategia reco-
mendada por los Estados Unidos y se prepararon para librar una guerra de ope-
raciones especiales, orientada a respetar los derechos humanos de la mayoría de
la población y a aislar socialmente a los subversivos a pesar de no hacer inversión
pública ni reformas sociales.