Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 299

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quedó bloqueada. Luego de la reinserción en el sistema financiero mundial, a
inicios de los 90, la idea de prestar ayuda económica al Perú volvió a los Estados
Unidos, impulsada sobre todo por el hecho de que el PCP-SL y el MRTA se
estaban financiando en la región nororiental al prestar servicios de protección
al narcotráfico. Sin embargo, pronto surgió un nuevo obstáculo. A inicios del
gobierno de Fujimori, el Congreso de los Estados Unidos prestó atención a los
informes sobre violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Las condi-
ciones puestas por el Congreso norteamericano fueron cumplidas superficial-
mente y sólo entonces pudo materializarse una ayuda económica importante.
Con este espaldarazo, Fujimori y su camarilla presidencial-militar vieron
llegado el momento de realizar su plan máximo y dieron el golpe de Estado del
5 de abril de 1992.
Lo más significativo de este revés de la democracia es que fue producido por
la nueva estrategia de conflicto de baja intensidad. De esta estrategia se esperaba
que permitiera vencer al terrorismo sin producir numerosas violaciones de los
derechos humanos ni retrocesos en la difusión de la democracia en el mundo. Lo
primero se consiguió en el Perú parcialmente, pero al costo de crear grupos de
operaciones especiales que no sólo cometieron excesos sino que, siendo integran-
tes regulares de las Fuerzas Armadas peruanas (miembros del SIE), se convirtie-
ran en el principal instrumento del Servicio de Inteligencia Nacional. A diferencia
de América Central, no fue el tamaño de la ayuda económica a la contrasubversión
peruana lo que resultó dañino para la democracia, sino una cierta interpretación
local de las implicancias políticas de la nueva doctrina contrasubversiva inspira-
da en el concepto norteamericano de «conflicto de baja intensidad».
Una mirada a la situación internacional permite entender mejor los hechos.
A fines de los años 70, las actividades y capacidades militares de los Estados
Unidos para la guerra de baja intensidad habían disminuido como resultado de
la política del presidente Jimmy Carter (1977-1981). A partir de la retirada de
Vietnam, se evaluó que las guerras en territorios distantes que se habían librado
durante la Guerra Fría habían dado malos resultados en el terreno político, aún
cuando Estados Unidos hubiera alcanzado amplia superioridad militar en ellas.
En América del Sur, las «victorias» antiguerrilleras habían dado lugar en los años
70 a gobiernos militares que a fines de la década entraban a callejones sin salida.
En este contexto surgió en tiempos de Carter la iniciativa norteamericana de incre-
mentar el componente político y reducir el componente militar en el apoyo a las
transiciones democráticas latinoamericanas. Ello implicó un retraimiento de los
trabajos para desarrollar estrategias contrasubversivas y entrenar a los agentes
represores locales. En 1980, cuando el PCP-SL emprendió su guerra subversiva contra
el Estado peruano, la preparación militar norteamericana y la cooperación
hemisférica en lucha contrasubversiva se encontraban en su punto más bajo.
Esta situación empezó a revertirse bajo nuevos conceptos en la administración
Reagan (1981-1989). Se adoptó el nombre «conflicto de baja intensidad» para referirse
a la combinación de contrainsurgencia, operaciones especiales y guerra no
convencional que se emplearía para obtener objetivos políticos en los países afectados
por guerrillas y terrorismo. Según esta concepción, el conflicto de baja intensidad
demanda una participación mínima de personal y recursos norteamericanos, a