Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 291

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destruir y/o neutralizar «a todo transgresor de la Ley y del Orden Constitucional
que contribuya a la subversión». Esto último implica todavía mucha dispersión
de esfuerzos si tomamos en cuenta que la misma Directiva evalúa que todas las
agrupaciones de la izquierda legal, los sindicatos (salvo los apristas) e incluso los
sectores «progresistas» del clero tienden a apoyar a la subversión conforme se
agudizan las contradicciones.
En lo relativo a la organización del esfuerzo nacional de defensa interna, esta
Directiva prescribe una división de tareas entre Policía y Fuerzas Armadas muy
cercana a la división acostumbrada. Las Fuerzas Policiales se encargarían de los
registros casa por casa, las requisas, los interrogatorios, detenciones y capturas,
mientras que las Fuerzas Armadas se limitarían a disuadir, perseguir y enfrentar
a los elementos armados de la subversión. No obstante, precisa en otra parte que
la persona detenida por las Fuerzas Armadas deberá ser entregada a la policía o
a la instancia judicial pertinente después de haber sido interrogada por la unidad
militar. Esta directiva reconoce también grandes tareas pendientes en materia de
inteligencia y contrainteligencia y, aunque no puede presentar aún resultados en
lo referente al conocimiento de la estructura y el accionar del PCP-SL, pone énfasis
en la necesidad de obtener esos conocimientos, lo que ya es un paso importante.
Como una señal del desarrollo cualitativo de la «guerra popular», columnas
del PCP-SL empezaron a atacar reiterada y temerariamente a las patrullas mili-
tares. En mayo ocurrió una emboscada a un convoy militar que ocasionó una
feroz represalia de las fuerzas del Ejército contra la población de la localidad de
Cayara. Cundió la noticia de la masacre de más de 50 campesinos a manos de los
militares. Viajaron al lugar el Ministro de Justicia Camilo Carrillo, el Ministro de
Defensa, general López Albújar, el decano del Colegio de Abogados de Lima Raúl
Ferrero y el obispo auxiliar de Lima Augusto Beuzeville, quienes manifestaron
no haber encontrado «muestras de bombardeos, incendios o combates
producidos en la localidad». Pero los testimonios de los habitantes llevaron el
asunto hasta la Fiscalía de la Nación. El Jefe del Comando Político-Militar de la
zona, general José Valdivia Dueñas, dijo que no hubo una sola víctima inocente
en Cayara y que se trataba de un montaje de los terroristas para desprestigiar a
las Fuerzas Armadas.
Otro factor de inseguridad general en 1988 fueron los rumores de golpe mili-
tar, seguidos pronto por el correspondiente desmentido público por parte del
Ministro de Defensa, general López Albújar. La irregularidad o el colapso de los
servicios públicos esenciales, como el agua potable en las ciudades, la energía
eléctrica, la seguridad en las carreteras y, en general, los servicios policiales,
sumados a la incertidumbre sobre el valor del dinero dejada por la hiperinflación,
el empobrecimiento de las clases medias y los rumores sobre casos de corrupción
de gran magnitud, contribuyeron a crear una sensación de zozobra que no cesó
hasta el final del gobierno de Alan García.
L A ESTRATEGIA CONTRASUBVERSIVA INTEGRAL Y LA NUEVA INCURSIÓN DE LAS F UERZAS A RMADAS EN
POLITICA
El documento que marca el inicio de un cambio sustancial en la estrategia es el
Manual de Ejército Guerra no Convencional Contrasubversión ME 41-7, editado en Lima