Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 290

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rector del Sistema de Defensa Nacional, ya no el Consejo de Defensa Nacional,
órgano creado por Morales Bermúdez a finales del gobierno militar y mantenido
luego por Belaunde. La característica de ese Consejo es que tiene al Presidente del
Comando Conjunto como miembro nato, sentado al mismo nivel y con los
mismos derechos que el Ministro de Defensa. Sin embargo, el nuevo Ministro de
Defensa no estaba en condiciones de dirigir ni supervisar la preparación de pla-
nes ni operaciones y se limitaba a aceptar o demorar los que le presentaran las
Fuerzas Armadas en conjunto. Bajo condiciones de guerra interna, este poder de
veto ejercido como único medio de control ponía al gobierno en el papel de un
obstaculizador de la acción contrasubversiva.
El gobierno de Alan García intentó realizar una política de seguridad y defen-
sa orientada a incrementar el control civil sobre las Fuerzas Armadas sin asumir
la responsabilidad de una conducción unificada de la guerra. El control civil se
establecería indirectamente, mediante un sistema de controles administrativos,
no compartiendo la responsabilidad ejecutiva con los altos oficiales, es decir, sin
que un ministro civil ni el Presidente mismo iniciasen la cadena de mando opera-
tivo. La unidad de conducción, la coherencia de los distintos esfuerzos para con-
tribuir a la seguridad interior desde los campos militar, policial-judicial, econó-
mico y político, se esperaba más bien como un fruto del incremento del control
civil administrativo. Los objetivos de la política de seguridad de Alan García,
centrada en el control civil, no están muy claros en lo que respecta a la lucha
contra el terrorismo. Al parecer, el gobierno de Alan García, igual que el de
Belaunde, asumió que tenía que enfrentar un doble desafío de seguridad interior:
por un lado la subversión y por otro el golpe militar.
En materia de seguridad, la oposición parlamentaria de izquierda se dedicó a
criticar la política de seguridad aprista, con la idea de evitar la «apristización» de
la Policía y las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, marcar distancias con Sen-
dero Luminoso y hacerse reconocer como alternativa nacional. Por su parte, la
oposición conservadora dio prioridad a la crítica de la política económica del
gobierno y organizó la resistencia al intento de privatización de la banca. Las
Fuerzas Armadas compartieron pronto con esta oposición la exigencia de que el
Perú retome el pago de la deuda externa y regrese a la comunidad financiera
internacional, pues no era posible financiar la lucha contrasubversiva sin nuevos
créditos externos. Esta exigencia fue satisfecha por el gobierno de García en septiem-
bre de 1988, cuando, tras difíciles negociaciones, se logró un complicado rescate
financiero de la economía peruana por más de mil millones de dólares.
La expansión de las acciones del PCP-SL y el cambio de las relaciones civil-
militares favorable a las Fuerzas Armadas ocurrido a raíz del motín carcelario
pusieron las condiciones para que el Comando Conjunto formulara la directiva
0l-PE-DI-JUN 86 JUL 90 para la Defensa Interior del Territorio: Contrasubversión.
Contiene avances importantes hacia la concepción de una estrategia integral, pero
también repite algunos errores que se arrastran desde el inicio de las acciones
militares contra la subversión. La finalidad de las operaciones contrasubversivas
es «Destruir y/o neutralizar la Organización Político-Administrativa (OPA)» de
los subversivos, lo que se revelará más adelante como la prioridad estratégica
absoluta. En esta directiva, tal finalidad aparece todavía confundida con la de