Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 288

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electoral para desviar la atención del tema y no derogar dicha ley, aunque tenía
mayoría absoluta en el Parlamento
En agosto de 1985, apenas asumido el poder por Alan García, fueron perpe-
tradas por personal de las Fuerzas Armadas las matanzas de Pucayacu,
Accomarca, Umaro y Bellavista, las cuales se intercalaron con feroces acciones
del PCP-SL. En septiembre, una comisión del Congreso descubrió las fosas
comunes en que fueron ocultadas las víctimas de las mencionadas matanzas.
Alan García apoyó la investigación y destituyó de inmediato a los mandos de las
Fuerzas Armadas y hasta al propio presidente del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, responsabilizándolos del hecho. Ésta fue la principal
investigación sobre violaciones de los derechos humanos en el período de Alan
García que contó con su apoyo y tuvo consecuencias. El escenario se complicó
cuando, en los meses siguientes, el PCP-SL realizó una serie de atentados contra
personal de la Marina de Guerra en Lima. El 16 de agosto de 1985, varias decenas
de miembros de La Marina uniformados y civiles que esperaban el ómnibus que
los transportaría a sus centros de trabajo fueron atacados en el distrito de Villa
María del Triunfo. El 14 de marzo de 1986, el PCP-SL asesinó al capitán de corbeta
Jorge Alzamora Bustamante, quien había servido en la Fuerza de Tarea 90 en
Ayacucho. Asimismo, el 4 de mayo de 1986, senderistas asesinaron al
contralmirante Carlos Ponce Canessa, miembro del Estado Mayor de la Marina
de Guerra. Frente a este último hecho, el Ministro de Marina, vicealmirante Julio
Pacheco Concha, advertiría a los subversivos que «[...] han herido profundamente
a la institución y al país entero» y que habían «despertado al león». La serie de
asesinatos selectivos, sin embargo, no terminó ahí. El día 14 de octubre cobró
una nueva víctima: el almirante Gerónimo Cafferatta Marazzi, que hasta hacía
poco había sido Comandante General de la Marina.
Obligado por el embate de los crímenes y atentados del PCP-SL, Alan García
impuso el estado de emergencia en Lima, suspendiendo las garantías constituciona-
les en su propio centro de gobierno. A ello se sumó el establecimiento del toque de
queda en la capital, medida que impactó fuertemente en el ánimo de la población. En
medio de esta notoria indefinición, el gobierno de Alan García empezó a desarrollar
desde los primeros meses una política de seguridad interior. Consistió, por un lado,
en adquirir el control civil sobre las Fuerzas Armadas y Policiales y, por otro, en
hacer esfuerzos de mediación del conflicto e impulsar el desarrollo agrario de las
regiones andinas más pobres. El control civil debía alcanzarse mediante tres recursos:
1. la unificación de los institutos policiales en la Policía Nacional del Perú y su
fortalecimiento; 2. la unificación de los ministerios militares en un Ministerio de
Defensa; y 3. el aseguramiento de la lealtad de los militares al gobierno mediante una
política de ascensos y de comunicación del Presidente con las Fuerzas Armadas.
La conciencia de los problemas nacionales contenidos en las relaciones cívico-
militares surgió, como ya lo hemos visto, durante el debate interno del gobierno
de Belaunde sobre si emplear o no a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el
PCP-SL. Ahora encontramos en el primer gabinete de Alan García un claro pro-
pósito de incrementar el control civil sobre la seguridad y la defensa.
Alan García multiplicó las zonas del país bajo control de comandos político-
militares. Eso implicaba que la policía debía quedarse en esas zonas bajo la