Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 287

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A partir del año 1984, la Infantería de Marina organizó los primeros comités
de autodefensa. Pero esas autodefensas campesinas (valle del Apurímac) y los
reagrupamientos de población («aldeas estratégicas» alrededor de Huanta) no
contribuyeron en esta etapa a reducir el carácter indiscriminado de las acciones
de armas, aunque proveyeron experiencias que resultarían útiles más adelante.
Estas estrategias experimentales se ejecutaron al margen de la política oficial, la
cual estaba en contra de movilizar a los campesinos y de dar autoridad política a
los militares. La estrategia de seguridad nacional del partido del gobierno era, al
parecer, ejercer presión militar sobre el campo y trabajar para alcanzar la captura
policial de los mandos subversivos.
El gobierno urgía a los mandos militares y policiales a eliminar los brotes
subversivos y, al mismo tiempo, mantenía el tema sin mayores consecuencias
políticas. A pesar del establecimiento de la División contra el Terrorismo, las ca-
pacidades de investigación policial se pusieron al servicio de la inteligencia de
guerra, abandonando su razón de ser, que es permitir capturas legales sobre la
base de pruebas objetivas. En vez de realizar las investigaciones con todas las
exigencias de ley con la finalidad de llevar ante los tribunales al delincuente terro-
rista con un expediente sustentado en medios probatorios, las habilidades de los
policías de investigaciones, entrenados para la observación y la escucha clandes-
tina, la infiltración en las organizaciones criminales y la captación de colaborado-
res, se convirtieron paulatinamente en medios auxiliares de la acción militar
contrasubversiva.
Las iniciativas de las Fuerzas Armadas para organizar la autodefensa de la
población estaban completamente al margen de la estrategia oficial. El gobierno,
la oposición, muchos altos mandos militares y la opinión pública predominante
estaban en contra de armar a la población. Esto, sumado a las iniciativas del ge-
neral Huamán Centeno, muestra que, desde los primeros años del conflicto, las
Fuerzas Armadas adoptaron estrategias que se apartaron del mandato dado por
la política de seguridad y de defensa del gobierno elegido.
I NTENTO DE CONTROL CIVIL Y GENERALlZACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO
Como se ha visto en un capítulo anterior, en los primeros meses de su gobier-
no, el presidente Alan García intentaba disipar con discursos y medidas radicales
la atmósfera opresiva de la guerra interna y la recesión económica. Pero desde el
primer momento tuvo que asimilar condiciones muy duras, al mismo tiempo que
proclamaba sus programas de cambios.
El 5 de junio de 1985, el saliente gobierno de Belaunde dio la ley 24150 que
regula las atribuciones del comando político-militar en una zona declarada en
estado de emergencia, otorgándole la «[...] potestad de solicitar el cese, nombra-
miento o traslado de las autoridades […]». La misma ley —vigente hasta la fe-
cha— establece la sujeción exclusiva de «[…] los miembros de las Fuerzas Arma-
das o Fuerzas Policiales [...] a la aplicación del Código de Justicia Militar». Este
legado del gobierno saliente, introducido por presión de las Fuerzas Armadas y
sectores afines, no fue rechazado por Alan García, quien aprovechó su victoria