Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 274

E L CONFLICTO ARMADO INTERNO NO ASUMIDO Y LA ESTRATEGIA INADECUADA
Los primeros dos meses de la declarada «guerra popular prolongada del campo
a la ciudad» transcurrieron antes de la transferencia del mando, bajo el llamado
Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, cuya Junta Militar había ratifi-
cado como Presidente de la República a Francisco Morales Bermúdez. Está claro
que el gobierno militar no reconoció la gravedad de la amenaza representada por
el PCP-SL. En todo caso, consideró más importante la transferencia del gobierno
a los civiles, proceso que se dificultaba si se emprendía al mismo tiempo una
campaña militar contra un enemigo interno. Además, en los años 70 eran muchos
los grupos políticos de izquierda que se planteaban la posibilidad de la lucha
armada. No era fácil distinguir si alguno de ellos, y cuál, había empezado a dar
pasos firmes en esa dirección.
La parsimonia con que se trató el asunto se explica en el contexto de las con-
vicciones ideológicas del momento. La única actividad militar dirigida a la hipó-
tesis de subversión fue la formación de una unidad contrasubversiva dentro de
cada división de infantería, lo cual se hizo con los manuales y experiencia de los
años 60. Durante el cambio de gobierno, los militares se aseguraron de conservar
un amplio margen de decisión y acción en lo que a la política de defensa se refie-
re. Debe tenerse en cuenta también que Morales Bermúdez negoció con Belaunde
la permanencia de los comandantes generales miembros de la Junta de Gobierno
al frente de las Fuerzas Armadas. La responsabilidad —y la autoridad— en los
asuntos de seguridad que daba en las mismas manos. Así, los comandantes gene-
rales al inicio del Gobierno de Belaunde fueron los mismos del gobierno saliente.
La señal más clara de que ésta era una transferencia parcial de poder fueron las
detalladas leyes secretas sobre el Sistema de Defensa Nacional que el gobierno
militar dictó en junio de 1980, poco antes del ascenso de Belaunde.
Las Fuerzas Armadas peruanas estaban devolviendo el gobierno a los civiles
con la evaluación de que las izquierdas marxistas peruanas se encauzarían por las
elecciones o, en caso de aparecer brotes subversivos, serían manejables como lo
fueron los montoneros argentinos en Lima. Pero el PCP-SL escapaba en verdad a
este marco.
Prueba de la ignorancia en que se encontraban tanto el gobierno de Belaunde
como el de las Fuerzas Armadas sobre la verdadera naturaleza del problema es la
desproporción entre el presupuesto que pidieron al Legislativo para la defensa
exterior y el dinero destinado a la campaña antisubversiva. En la década anterior,
bajo la dictadura militar, el Perú había hecho gastos desmesurados en sistemas
de armas e instalaciones militares, con el propósito de incrementar su importan-
cia geopolítica regional y mundial. La hipótesis de guerra externa contra el Ecua-
dor o contra Chile, y en el peor de los casos contra ambos a la vez, en una guerra
de dos frentes, era política oficial del Estado. Los ministerios militares consiguie-
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ciones de derechos humanos de la población cometidas durante el conflicto por
miembros de las Fuerzas Armadas responden a políticas y estrategias generales
que las propiciaran.