Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 267

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procesamiento analítico. La DIRCOTE solicitó, por ello, el apoyo de los Estados
Unidos para la capacitación de analistas. Por entonces, la DIRCOTE mantenía
contactos tanto con la representación diplomática norteamericana como con per-
sonal de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y, eventualmente, de la Agen-
cia Central de Inteligencia (CIA), básicamente, para coordinar medidas de segu-
ridad para sus dependencias y las delegaciones que visitaban el país. En esta fase
se recibió también cooperación técnica por medio de la Embajada de Israel.
Durante estos años la DIRCOTE detuvo a altos dirigentes de los grupos sub-
versivos, especialmente del MRTA. Meses después de la captura de Gálvez, en
febrero de 1988, los miembros del MRTA Hugo Avellaneda y Peter Cárdenas
Schulte fueron detenidos en el aeropuerto cuando pretendían salir del país con
pasaportes ecuatorianos. Una captura de especial importancia fue la de Osmán
Morote Barrionuevo, número dos del PCP-SL. Por otro lado, el 3 de febrero de
1989 fue capturado casualmente Víctor Polay Campos, Rolando, en el Hotel de
Turistas de Huancayo. Unos meses después, el 16 de abril de 1989, fue capturado
Miguel Rincón Rincón, líder del MRTA. Otro logro importante de la DIRCOTE
en esos años fue la captura de los responsables del asesinato del agregado naval
de la Embajada del Perú en Bolivia, Juan Vega Llona.
En 1988, el jefe de la DIRCOTE, Javier Palacios, asistió al curso de guerra
política dictado en la Escuela Fu Hsing Kang de Taipei, en Taiwan. Uno de los
elementos más relevantes de ese curos era el énfasis que se ponía en la ideología
como campo de lucha y, por tanto, en el carácter esencialmente político de todo
movimiento subversivo. Evaluada según ese amplio enfoque, la estrategia segui-
da contra la subversión en el Perú resultaba muy limitada, como lo señaló el jefe
de la DIRCOTE en una conferencia dictada en el Centro de Altos Estudios Milita-
res en 1989, cuya grabación fue escuchada por la CVR.
El desempeño de la administración de justicia era uno de los grandes motivos
de queja de la policía. El sistema judicial dejaba en libertad con demasiada fre-
cuencia a los miembros del PCP-SL y del MRTA que la policía capturaba, supues-
tamente por falta de pruebas, aunque en muchos casos mediante cohecho o por
temor a represalias.
El principal problema relacionado con la labor policial para la administración
de justicia era la presentación de pruebas en la etapa de investigación prejudicial.
Una situación, ya tensa, se empezó a agravar con la aprobación de la ley 24700 en
1987 que señaló al Ministerio Público como responsable de dirigir investigaciones
prejudiciales sólo para casos de terrorismo. Hasta la derogación de dicha ley en
1989, la relación entre las Fuerzas Policiales y los fiscales se deterioró aun más. A
ello se añadían las tensas relaciones entre la policía y los militares, los problemas en
las cárceles y la falta de una respuesta adecuada al problema por parte de la clase
política. La sensación de ingobernabilidad y el terror se extendían sin freno.
Este período se cerró con un hecho trágico que, al mismo tiempo, mostraba la
profundidad de la crisis: el ataque al puesto policial de Uchiza por parte del PCP-SL.
El ataque senderista en esa pequeña ciudad en el centro de una zona cocalera en
San Martín concluyó en la destrucción de la delegación policial y la captura y
asesinato de diez policías, entre ellos, tres oficiales a quienes los subversivos
ultimaron después de someterlos a un mal llamado «juicio popular». La muerte