Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 265

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yó en su atestado policial que «[...] no se descarta que los autores del
delito de terrorismo y del homicidio múltiple con arma de fuego, sean
integrantes del PCP-SL».
El 8 de febrero de 1984, el Juez Instructor del Primer Juzgado de Huamanga
emitió el auto de apertura de instrucción por homicidio calificado y tentativa de
homicidio. Concluida la etapa de instrucción y emitidos los informes finales del
Juez y del Ministerio Público, el Fiscal Superior de Ayacucho, doctor Gualberto
Altamirano Guevara, formuló dictamen acusatorio solicitando 25 años de prisión
para los policías.
Concluido el juicio oral, la Primera Sala Mixta del Tribunal Correccional
de Ayacucho dictó sentencia el 15 de julio de 1986 condenando a 11 de los
encausados (seis de ellos sinchis, por el asesinato de los 32 habitantes de
Socos y tentativa de homicidio en agravio de María Cárdenas; y al pago
solidario de una reparación civil de I/. 120,000 (ciento veinte mil intis) a favor
de los herederos legales de los agraviados. La misma resolución absolvió a
15 miembros de la policía que no participaron en los hechos.
Esta sentencia fue confirmada mediante Ejecutoria Suprema del 30 de sep-
tiembre de 1987 por la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de la República,
que impuso además las penas accesorias de inhabilitación absoluta durante el
tiempo de duración de la privación de libertad y hasta cinco años posteriores a
ella. La pena de inhabilitación absoluta impedía que los policías regresaran al
servicio activo de su institución hasta cinco años después de haber obtenido su
libertad definitiva. Sin embargo, de la revisión de las hojas de vida de algunos de
los policías sentenciados, se puede establecer claramente que no se ejecutó la pena
de inhabilitación.
Si bien la CVR reconoce que las autoridades judiciales condenaron a los res-
ponsables de los hechos —pese a los intentos por ocultar el crimen—, lamenta
que no se haya hecho efectivo el pago de la reparación civil a favor de las vícti-
mas, así como que cinco de los sentenciados hayan sido reincorporado a la Poli-
cía, pese a encontrarse inhabilitados.