Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 264

L A CREACIÓN DE LA DOES y LA MADURACIÓN DE DIRCOTE
Las masacres de los penales ocurridas los días 18 y 19 de junio de 1986, ya
mencionadas en este volumen, marcan el inicio de un nuevo momento en el
conflicto signado por un despliegue nacional de la violencia.
Desde ese año, el enfoque de la contrasubversión, en lo que atañe a los cuer-
pos policiales, mostró cierta variación motivada, en gran parte, por un agrava-
miento de la situación: incremento de ataques con explosivos y asesinatos por
parte del PCP-SL, incluyendo la muerte de dirigentes del PAP y el aumento de
acciones del MRTA en Lima. En ese año, se decretó el estado de emergencia y el
toque de queda en Lima Metropolitana y se dispuso que las Fuerzas Armadas
asumieran el control del orden interno.
Por un lado, el gobierno creó y equipó a la Dirección General de Inteligencia
del Ministerio del Interior (DIGIMIN) encargada de producir información de in-
teligencia para la alta dirección del ministerio. Una vez analizada dicha informa-
ción, se diseminaba como notas de inteligencia a la misma DIRCOTE y otras
unidades operativas. Sin embargo, el tipo de información generada no tenía
valor táctico para el trabajo operativo de unidades como la DIRCOTE, que siguió
postergada en lo esencial entre las prioridades del gobierno. Éste prefirió utilizar,
en lugar del trabajo de inteligencia policial para la lucha contra la subversión,
grupos operativos policiales militarizados. Con ese fin, creó la Dirección de Ope-
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sobre todo, a las redes del narcotráfico. El grado de corrupción había llegado a
extremos vergonzosos. El 2 de agosto de 1985, por ejemplo, se descubrió que el
general y ex director superior de la PIP, Eduardo Ipinze, junto con otros altos
oficiales, protegían a la organización de narcotraficantes de Reynaldo Rodríguez
López.
El 14 de agosto de 1985 se dispuso la reorganización policial mediante la ley
24294. Una de las medidas más relevantes fue la destitución y pase al retiro de un
gran número de oficiales y personal subalterno. Sin embargo, los criterios em-
pleados no fueron precisos y no sólo se dio de baja a personal corrupto e implica-
do en delitos, sino también a buenos policías.
La Ley de Bases de las Fuerzas Policiales (decreto legislativo 371) reguló y
presentó los alcances de la reorganización. Un avance importante fue la declara-
ción del carácter profesional no militar de las Fuerzas Policiales (artículo 5). Esta
ley creó un órgano de dirección único, la Dirección General de las Fuerzas Policiales,
al tiempo que mantuvo las direcciones superiores de la Guardia Civil, la Guardia
Republicana y la Policía de Investigaciones corno órganos de ejecución. Sin em-
bargo, las tensiones entre los cuerpos policiales continuaron.
En la primera etapa del gobierno de García se priorizó el equipamiento de las
unidades de combate de la policía, pero no se trabajó lo necesario para fortalecer
los órganos de inteligencia. La prioridad seguía siendo el enfoque operativo. El
mayor apoyo, en todo caso, estuvo asociado a la gestión del viceministro y, des-
pués, del Ministro del Interior, Agustín Mantilla, quien propició un mayor acceso
de los altos oficiales de los cuerpos policiales a los espacios de deliberación y
tomas de decisiones de la autoridad política.