Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 261
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El entrenamiento reproducía los métodos de la Escuela de las América, basa-
da en Panamá, y otras bases estadounidenses: matar animales y arrancar sus
entrañas con los dientes, lacerar el propio cuerpo y resistir el dolor sin chistar, y
llevar el registro fotográfico y fílmico de ello. Además, hubo prácticas rituales de
afirmación grupal; según testimonios recibidos por la CVR, una de los más
escalofriantes habría sido el «bautizo» de los recién llegados que no tenían expe-
riencia de lucha. El bautizo consistía en matar a un sospechoso de terrorismo con
un puñal sin filo. Sobre la situación de los policías que llegaban a Ayacucho, un
agente comentó a la CVR que ésta era «[...] de lo más desastrosa, porque llegaba
personal de Mazamari. A nosotros, como novatos, nos tenían allí metidos [en el
cuartel] y decían «ya va a tener su bautizo». Cada vez que venían y traían un
detenido, ya [...]».
Así, este entrenamiento iba en consonancia con el incremento de diversos ti-
pos de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden: eje-
cuciones arbitrarias, desapariciones, torturas y violencia sexual principalmente
contra las mujeres, delitos que contaron con el beneficio del encubrimiento por
parte de las instituciones involucradas. La CVR está convencida de que al prote-
ger a ladrones, violadores, torturadores y homicidas, el comando policial, así
como los gobiernos y las instancias judiciales, hicieron posible que el número de
víctimas se incrementara.
Uno de los crímenes cometidos por la policía que tuvo más repercusión fue la
masacre de Socos, una comunidad de la provincia de Huamanga. El 13 de no-
viembre de 1983, un grupo de policías irrumpió en una vivienda donde se
celebraba una ceremonia de esponsales (pedida de mano) y, tras discutir
con los comuneros presentes, los obligaron a salir de la casa e ir hacia un
paraje denominado Balcón Huaycco donde los asesinaron. Murieron en
total 32 habitantes de Socos. Las autoridades trataron de encubrir el crimen,
pero una investigación judicial confirmó los hechos y la comisión del delito.
Además de estos delitos, proliferaron otras formas de abuso como los robos
de enseres, alimentos y animales a la población rural, hurtos incentivados en gran
medida por la aguda escasez de recursos de la propia policía. Los agentes
policiales, por otro lado, sentían sobre sí mismos los estragos de la situación de
carencia, aislamiento y zozobra que empezaron a traducirse en un incremento
del alcoholismo y la fármaco dependencia (especialmente de pasta básica de co-
caína) entre los policías de la zona de emergencia.
El trabajo de la DIRCOTE
Mientras los militares ingresaban a Ayacucho, la DICOTE proseguía sus labores
en Lima sin ser ajena a los conflictos institucionales. El cambio anual de oficiales
modificó la situación de esa unidad. La resolución ministerial del 5 de julio de
1983 dispuso que la Dicote adoptara la categoría y denominación de Dirección
Contra el Terrorismo (DIRCOTE). La dirección llegó a contar en el transcurso del
año con 150 agentes, aproximadamente. El trabajo esencial de la unidad estuvo a
cargo de cinco grupos operativos llamados Delta e integrados por un contingente de
diez a quince miembros por grupo.