Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 260

L A
POLICÍA DURANTE LA FASE DE MILITARIZACIÓN DEL CONFLICTO
La relación entre las Fuerzas Policiales y las Fuerzas Armadas ha sido tradicio-
nalmente de emulación, por un lado, y desdén, por el otro. El trato desdeñoso que
los militares dirigían a los policías se acentuó a inicios de los 80 por los traspiés
de éstos en la lucha contrasubversiva y la indisciplina de que daban muestras en
la zona de emergencia. Así, cuando el presidente Belaunde Terry encargó a las
Fuerzas Armadas, mediante la instauración de comandos político-militares, el
control de los territorios en emergencia, los militares asumieron su tarea con la
seguridad de que podrían exhibir en poco tiempo los éxitos que los policías no
habían conquistado. Se iniciaba así la fase que la CVR ha denominado como «mi-
litarización del conflicto» y que duraría desde el 29 de diciembre de 1982 hasta el
19 de junio de 1986.
Las nuevas disposiciones del gobierno formalizaban la subordinación de la
policía a los militares. Ejerciendo sus atribuciones, el primer jefe del comando
político-militar en Ayacucho se reunió con los mandos de la policía para que
enfatizaran sus funciones preventivas. En el nuevo esquema, los institutos policiales
debían compartir su información calificada y participar en patrullas mixtas con
militares, siempre al mando de un oficial del Ejército.
De otro lado, según se expandía la actividad del PCP-SL, los militares empe-
zaron a realizar con mayor frecuencia capturas de gente que definían como pre-
suntos subversivos. Los detenidos eran llevados a cuarteles como el de Los Cabitos,
en Huamanga, donde eran interrogados con la participación de miembros de la
PIP de la zona.
No obstante, en los primeros tiempos de actividad del comando político-mili-
tar las intervenciones armadas estuvieron principalmente a cargo de la policía.
Ésta sintió la necesidad, por tanto, de reclutar más personal y de brindar una
capacitación específica a quienes iban a ser enviados al teatro de operaciones.
247
quier momento podían ser víctimas del PCP-SL. Así, cometer violaciones de
derechos humanos —calificadas de excesos— era también una manera de tomar
venganza por la violencia de la que eran víctimas.
Paralelamente al trabajo policial en la zona andina, una división de la Direc-
ción de Seguridad del Estado de la PIP comenzó a encarrilar una actividad
contrasubversiva de investigación especializada. Fue la División contra el Terro-
rismo (DICOTE), establecida en marzo de 1981, y que por un corto tiempo fue
denominada División de Policía Antisubversiva (DIPAS). Ésta fue concebida como
una unidad operativa —de investigación— y no de inteligencia. En los meses
siguientes, la DICOTE, mediante un trabajo muy intenso y en condiciones bastante
precarias, fue la única unidad que logró resultados constantes y consistentes en la
lucha contra el PCP-SL.
No obstante, en balance, el desconcierto de este primer período significó una
pérdida de tiempo muy valioso que, a fin de cuentas, implicó una ventaja para el
PCP-SL. El factor sorpresa y las vacilaciones y descuidos de las autoridades ha-
bían jugado a favor de la subversión.