Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 258

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del Perú, órgano clave en la lucha contrasubversiva, minaron notoriamente la
posibilidad de una respuesta oportuna y eficaz al nuevo desafío.
Fue a esta organización que el PCP-SL escogió como primer blanco. La elección no
carecía de cierta fuerza simbólica, pues en las zonas rurales la policía —especialmente
la Guardia Civil— constituía el rostro más visible del Estado y ese rostro no era
siempre amable: por el contrario, en muchas poblaciones la policía constituía un
elemento del poder local y entablaba relaciones autoritarias y de abuso con la
ciudadanía.
Desde comienzos de los 80, la policía sufrió el embate del PCP-SL embarcado
en esos años iniciales, como se ha visto, en las campañas denominadas Conquis-
tar Armas y Medios, Remover el Campo con Acciones Guerrilleras y Batir para
Avanzar hacia las Bases de Apoyo. Debe recordarse que en mayo de 1981 la direc-
ción del PCP-SL había aprobado la directiva de pagar una «cuota de sangre» para
el triunfo de la revolución, ventana abierta para una conducta vesánica que empe-
zó a manifestarse en los ataques a puestos policiales.
En 1981 se produjeron ataques a los puestos policiales de Quinua, Luricocha y
Tambo. En el ataque al puesto de Quinua, realizado el 15 de agosto, se produjo el
primer asesinato de un policía durante el conflicto. La víctima fue el sargento
Ramiro Flores Sulca. Siete semanas después, otro feroz ataque, el efectuado con-
tra el puesto policial de Tambo, determinó la primera declaración de estado de
emergencia en Ayacucho. Para hacerlo efectivo, el gobierno de Fernando Belaunde
envió a la zona 193 policías, entre los cuales iban cuarenta miembros de la unidad
especializada de los sinchis. Se constituyó un Estado Mayor conformado por los
coroneles de los tres cuerpos policiales y éste puso en práctica el Plan de Opera-
ciones Conjunto Vivanco, así denominado en homenaje al policía herido letalmente
en el ataque de Tambo.
En esta primera experiencia de intervención policial conjunta de sesenta días
la policía llegó a capturar a importantes miembros del PCP-SL sin que se produ-
jeran víctimas mortales en Huamanga. En las zonas rurales, sin embargo, la insu-
ficiencia de personal policial dificultó tener un control más efectivo. De otro lado,
se debe señalar que junto con la eficacia de la intervención se estaban producien-
do violaciones de los derechos básicos de la población. Entre diversos testimo-
nios, la CVR recibió el de una mujer que cuando tenía 14 años fue víctima de
violación sexual por un grupo de siete sinchis encapuchados: éstos, según su
relato, irrumpieron en su casa el 28 de octubre de 1981, la introdujeron en un
automóvil, la violaron sexualmente y la subieron en un helicóptero desde el cual
la balancearon en el aire, con una soga que le ataba los pies, para que confesara su
supuesta participación en el asalto al puesto policial de Tambo.
La Policía de Investigaciones había conseguido, por su parte, otras deten-
ciones fuera de Ayacucho y la situación se revelaba problemática para la
organización subversiva. Ésta planificó fugas de los centros penitenciarios, entre
las cuales la de mayor envergadura fue la que se realizó el 2 de marzo de 1982 en
Huamanga. La fuga de la cárcel de Huamanga, maniobra en la que se evadieron
254 reclusos, sorprendió al personal policial a pesar de que la Guardia Republi-
cana había alertado a las autoridades sobre el plan senderista. La muerte de dos
policías durante el ataque —Florencio Aronés Guillén y José Rea Conde— fue