Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 253

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nización. Es factible que se haya tratado de una denominación utilizada en co-
mún por diversos actores no necesariamente vinculados entre sí.
El proceso electoral y la amenaza subversiva
Si 1984 fue el año con mayor número de muertes en la población por causa de la
guerra interna, 1989 es el año con mayor mortandad de autoridades y represen-
tantes electos. En 1989 se cuentan la mayor cantidad de autoridades políticas
(68%) y municipales (71%) asesinadas en toda la década. Según datos prelimina-
res, sólo ese año se asesinó aproximadamente al 33% (53) de todos los alcaldes
provinciales y distritales muertos por la guerra entre 1980 y 1995. El 45% de ellos
eran alcaldes del PAP.
La CVR ha recibido reportes de aproximadamente 500 autoridades municipa-
les y políticas asesinadas, sin contar a las autoridades comunales y otras tradicio-
nales que cumplen un papel fundamental dentro de las colectividades étnicas
más apartadas de la sociedad nacional. La mayor mortandad se produjo entre los
alcaldes distritales y los tenientes gobernadores, en ambos casos fue el año 1989
el que presentó la mayor frecuencia.
El impacto de las amenazas, atentados y asesinatos precipitaron el abandono
de los cargos ediles en decenas de distritos y provincias del país. Antes de las
elecciones de noviembre de 1989 se había verificado el abandono del cargo de
576 autoridades locales, el 75% (431) de ellas pertenecían al PAP, y un 14% (80)
representaban a Izquierda Unida. Las provincias de Lima, Huánuco y Junín fue-
ron los departamentos con mayor número de situaciones de vacancia.
Ese mismo año, en un 15.37% de los distritos de la República no se presenta-
ron candidatos. En 1989 murieron asesinados 17 jueces de paz, aproximadamen-
te el 40% de todos los que murieron entre 1982 y 1995. La mayoría vivía en zonas
rurales, donde la falta de protección fue muy grande y, a menudo, fueron asesina-
dos al lado de sus familias o pobladores cercanos. El avance de esta ofensiva de
asesinatos selectivos no fue resaltado suficientemente por la clase política perua-
na, especialmente la asentada en Lima.
Por otra parte, el ausentismo en las elecciones generales de 1990 fue el más alto de
los que había habido en los diez años de democracia. En los departamentos de
Ayacucho y Huancavelica llegó a superar el 40%; mientras que en los departamen-
tos de Huánuco y Junín fue alrededor del 50%. La estrategia del Ministerio del Interior
y las Fuerzas Policiales y militares, para ofrecer mayores seguridades a las
autoridades civiles y a los ciudadanos, no dio resultado.
La fase final del gobierno aprista
En diciembre de 1989, en medio de una honda impopularidad y de un agudo
pesimismo de la población sobre el futuro de la lucha contrasubversiva, el pre-
sidente García entregó rifles a los ronderos de la comunidad de Rinconada Baja,
en Ayacucho. Mostraba así la decisión del gobierno de apoyar logísticamente a
las rondas civiles, un tema que había suscitado y seguiría provocando fuertes
controversias.