Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 250

El gobierno por su parte entendió que esas recomendaciones no lo obligaban a
variar de conducta y a propiciar una revisión completa de lo hecho en materia de
política contrasubversiva. Grave error de ambos, el Senado debió demandar el
cumplimiento de las recomendaciones que aprobó y el gobierno debió aceptar
que era el momento de convocar a la participación de la sociedad, procurando un
compromiso nacional por la pacificación. (Bernales 1990: 179)
E L PAP FRENTE A LA CRISIS
En septiembre de 1988 el gobierno presentó un paquete de medidas de ajuste
gradual de la economía, que marcó el fin de las iniciativas de cambio económicas
propuestas por el régimen aprista. La falta de recursos del gobierno en materia
contrainsurgente fue evidente en momentos en que se había producido una ex-
pansión del conflicto en distintas áreas del país que obligaba a un despliegue
mayor de las fuerzas del orden. En esas condiciones, era ya imposible pensar en
que se mantendría el componente socioeconómico de la lucha contrasubversiva.
Por otro lado, la agudización de la crisis económica y el descontrol de la inflación
habían erosionado la popularidad del gobierno.
Las Fuerzas Armadas, por su parte, habían sistematizado su experiencia con-
tra insurgente y se hallaban elaborando una estrategia contrasubversiva integral
que otorgaba a las Fuerzas Armadas un rol fundamental no sólo en la conducción
de la lucha contra la violencia terrorista sino, también, en la gestación de una
nueva correlación política en el país.
La nueva estrategia fue definida sin la participación directa del gobierno ni
del Congreso. Las Fuerzas Armadas hicieron un balance propio mientras que en
el campo policial se gestaba, también autónomamente, el trabajo especializado
de inteligencia contra el terrorismo. Esto ocurría mientras el Ejecutivo no lograba
constituir una instancia alternativa al Consejo de Defensa Nacional y cuando el
Congreso no acertaba a convertir en leyes las recomendaciones de su propia Co-
misión Especial sobre el tema.
Entretanto, a mediados de 1989 había ocho departamentos en estado de emer-
gencia: Lima, Apurímac (salvo la provincia de Andahuaylas), Huancavelica, San
Martín, Junín, Pasco, Ayacucho, Huánuco y la provincia constitucional del Ca-
llao, que representaban el 33% del territorio nacional. Además, el 36% de los
1770 distritos del país se encontraban en zonas de emergencia, por lo que las
representaciones municipales y las autoridades locales corrían un alto riesgo,
atendiendo a la campaña de terror y asesinatos senderistas en su contra. Entre
1987 y 1989 hubo un abandono creciente de los cargos municipales. La «vacancia
municipal» por abandono de cargo —situación inexistente en la ley—, fue un
fenómeno que se extendió en los departamentos afectados por la subversión o
declarados en estado de emergencia, especialmente en los departamentos de
Junín, Lima, Ayacucho, Huánuco, Apurímac, Ancash, Huancavelica, Pasco, La
Libertad, Puno y San Martín.
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El Senado aprobó el informe pero no impulsó la concreción de las propuestas
de la Comisión. El senador Bernales, que presidió la Comisión, comentó en un
estudio posterior: