Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 249

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En su discurso del 28 de julio de 1988, el presidente García hizo un llamado a
la unidad nacional. Denunció el manejo inescrupuloso de información que ponía
en riesgo la seguridad de jueces y fiscales, y propuso devolver a la policía la
responsabilidad de investigar los casos de terrorismo, capacitando al personal
policial para evitar obstáculos judiciales que terminarían por favorecer a los dete-
nidos por terrorismo. Ejemplo patente de ello era la sentencia absolutoria recibi-
da por el conocido dirigente senderista Osmán Morote. También propuso un pro-
yecto de ley para sancionar «[...] la asociación ilícita con fines terroristas y a
quienes distribuyen volantes, fraguan documentos o propaganda a favor del
terrorismo». 56 Y otro para la sanción del uso ilegal de armas y explosivos. Estos
proyectos dieron lugar a la promulgación de la ley 24953, de diciembre de 1988,
que estableció que los autores o instigadores intelectuales, coautores y cómplices
de actos de terrorismo recibirían la misma pena que el autor. Esta ley también
volvió a tipificar como acto de terrorismo la asociación, incitación y la apología
del mismo. Más adelante, en junio de 1989, la promulgación de la ley 25031
modificó la ley 24700, poniendo a cargo de la policía la investigación prejudicial,
mientras los Tribunales Correccionales Especiales se hicieron cargo de la
instrucción y el juzgamiento de los acusados de terrorismo.
Las comisiones investigadoras del Congreso fueron vistas inicialmente como
una consecuencia lógica de lo que había demandado el PAP como oposición par-
lamentaria a la mayoría del período 1980-1985. Al agudizarse el conflicto armado
interno, la mayoría aprista perdió el entusiasmo inicial y asumió una posición de
defensa cerrada del gobierno y del partido que terminó desvirtuando los fines
para los que fueron creadas las comisiones. De esta manera, se produjo una situa-
ción peculiar por la que se creaban comisiones investigadoras que, de alguna
manera, implicaban un reconocimiento del problema por parte del Estado; pero,
en el momento de emitir las conclusiones o las recomendaciones, se preparaban
dictámenes en mayoría que dejaban casi sin razón de ser a las comisiones mis-
mas, favoreciendo situaciones de impunidad.
Un caso singular fue la Comisión Especial del Senado para investigar las cau-
sas de la violencia y formular alternativas de pacificación para el país. Su creación
en abril de 1988 ocurrió en un contexto de violencia creciente y de crisis económi-
ca. La Comisión confirmó que, si bien el gobierno había contado con «lineamientos
de política contrainsurgente», no había desarrollado «una estrategia integral y de
conjunto». Además, señaló que los recursos militares se hallaban supeditados a
manuales doctrinarios desactualizados e insuficientes para el combate de la sub-
versión en el Perú. La Comisión presentó al Senado 18 recomendaciones para una
estrategia de pacificación íntegra, entre ellas: participación ciudadana, acuerdo
nacional para la pacificación, políticas sectoriales complementarias, vinculación
de la Defensa Nacional con el bienestar y el desarrollo, rechazo de planteamien-
tos ajenos a la realidad nacional, creación de la Defensoría del Pueblo y
reforzamiento del Servicio Nacional de Inteligencia.
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Desco. Resumen Semanal, 22 de julio-4 de agosto de 1988, año XI, n. o 478-479, p. 2.