Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 248
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le va a conceder la importancia que los terroristas buscan, entonces serán sus
primeros colaboradores —para señalar luego que— la guerra será severa y va a
durar buen tiempo». El Ministro del Interior, José Barsallo, minimizó la incursión
al considerarla un «show montado por el MRTA», posición que recordaba a las
declaraciones de sus antecesores a inicios de la década. El 10 de noviembre se
declaró en estado de emergencia el departamento de San Martín y se envió al
Ejército a la zona. En este departamento había una fuerte presencia de la izquierda
legal y mucha agitación social de los campesinos.
El 17 y 18 de noviembre, el Frente de Defensa de los Intereses de San Martín
convocó a un paro departamental contra el estado de emergencia. En el contexto
de un nuevo frente de guerra, y en la emergente coyuntura de la regionalización,
la sociedad sanmartinense quiso aprovechar el momento para expresar sus de-
mandas económicas y sociales, en tensa disputa con los poderes fácticos que la
acechaban.
A mediados de mayo de 1988 se produjo una incursión punitiva del Ejército en
la localidad de Cayara, luego de una emboscada senderista a una patrulla militar.
Al comienzo la Presidencia del Consejo de Ministros expresó en un comunicado
oficial «la falsedad de una supuesta masacre de campesinos». Ante la aparición
de campesinos que fueron testigos de los hechos, una comisión de ministros,
funcionarios del Ministerio Público y congresistas visitaron la zona. Posterior-
mente el mismo Presidente de la República fue al lugar de los hechos, luego de lo
cual las autoridades comenzaron a revisar sus versiones iniciales. Un mes des-
pués, una Comisión Investigadora del Senado, presidida por Carlos Enrique
Melgar, se dirigió a la zona donde ya la fiscalía había acudido e iniciado sus pro-
pias averiguaciones. Hubo declaraciones encontradas entre ambas instancias. Entre
tanto, varios testigos eran desaparecidos o asesinados. Al cabo de un tiempo, el
fiscal a cargo de la investigación, Carlos Escobar, presentó sus conclusiones pre-
liminares. En ellas, concluía que sí había ocurrido la matanza. Al poco tiempo fue
retirado del caso y el nuevo fiscal apoyó las tesis del senador Melgar, quien en su
informe al Congreso desconoció la masacre.
Sin embargo, un informe en minoría de la misma comisión del senador Melgar,
mucho mejor sustentado, encontró pruebas de que en Cayara, efectivamente, hubo
asesinatos de campesinos indefensos poco después de la emboscada senderista a
un convoy militar, y señaló al comandante político militar de la zona, el general
EP José Valdivia Dueñas, como responsable de esos hechos. Finalmente, el caso
fue sobreseído en 1990.
En ese mismo tiempo Armando Villanueva asumió la presidencia del Consejo
de Ministros y anunció la creación de una comisión interministerial presidida por
él mismo, la cual asumiría la dirección y la responsabilidad política de la lucha
contrasubversiva. La Comisión Coordinadora de Lucha Antisubversiva se instaló
el 3 de julio de 1988; ella aparecía como un ente sustituto del Consejo de Defensa
Nacional (que había sido disuelto luego de la reforma del Sistema de Defensa
Nacional tras la creación del Ministerio de Defensa). Sin embargo, esta comisión
tuvo escasos resultados prácticos. El Ejecutivo aparecía debilitado ante las Fuer-
zas Armadas en tanto conductor de la lucha contrasubversiva (Obando 1999: 381).