Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 248

235 le va a conceder la importancia que los terroristas buscan, entonces serán sus primeros colaboradores —para señalar luego que— la guerra será severa y va a durar buen tiempo». El Ministro del Interior, José Barsallo, minimizó la incursión al considerarla un «show montado por el MRTA», posición que recordaba a las declaraciones de sus antecesores a inicios de la década. El 10 de noviembre se declaró en estado de emergencia el departamento de San Martín y se envió al Ejército a la zona. En este departamento había una fuerte presencia de la izquierda legal y mucha agitación social de los campesinos. El 17 y 18 de noviembre, el Frente de Defensa de los Intereses de San Martín convocó a un paro departamental contra el estado de emergencia. En el contexto de un nuevo frente de guerra, y en la emergente coyuntura de la regionalización, la sociedad sanmartinense quiso aprovechar el momento para expresar sus de- mandas económicas y sociales, en tensa disputa con los poderes fácticos que la acechaban. A mediados de mayo de 1988 se produjo una incursión punitiva del Ejército en la localidad de Cayara, luego de una emboscada senderista a una patrulla militar. Al comienzo la Presidencia del Consejo de Ministros expresó en un comunicado oficial «la falsedad de una supuesta masacre de campesinos». Ante la aparición de campesinos que fueron testigos de los hechos, una comisión de ministros, funcionarios del Ministerio Público y congresistas visitaron la zona. Posterior- mente el mismo Presidente de la República fue al lugar de los hechos, luego de lo cual las autoridades comenzaron a revisar sus versiones iniciales. Un mes des- pués, una Comisión Investigadora del Senado, presidida por Carlos Enrique Melgar, se dirigió a la zona donde ya la fiscalía había acudido e iniciado sus pro- pias averiguaciones. Hubo declaraciones encontradas entre ambas instancias. Entre tanto, varios testigos eran desaparecidos o asesinados. Al cabo de un tiempo, el fiscal a cargo de la investigación, Carlos Escobar, presentó sus conclusiones pre- liminares. En ellas, concluía que sí había ocurrido la matanza. Al poco tiempo fue retirado del caso y el nuevo fiscal apoyó las tesis del senador Melgar, quien en su informe al Congreso desconoció la masacre. Sin embargo, un informe en minoría de la misma comisión del senador Melgar, mucho mejor sustentado, encontró pruebas de que en Cayara, efectivamente, hubo asesinatos de campesinos indefensos poco después de la emboscada senderista a un convoy militar, y señaló al comandante político militar de la zona, el general EP José Valdivia Dueñas, como responsable de esos hechos. Finalmente, el caso fue sobreseído en 1990. En ese mismo tiempo Armando Villanueva asumió la presidencia del Consejo de Ministros y anunció la creación de una comisión interministerial presidida por él mismo, la cual asumiría la dirección y la responsabilidad política de la lucha contrasubversiva. La Comisión Coordinadora de Lucha Antisubversiva se instaló el 3 de julio de 1988; ella aparecía como un ente sustituto del Consejo de Defensa Nacional (que había sido disuelto luego de la reforma del Sistema de Defensa Nacional tras la creación del Ministerio de Defensa). Sin embargo, esta comisión tuvo escasos resultados prácticos. El Ejecutivo aparecía debilitado ante las Fuer- zas Armadas en tanto conductor de la lucha contrasubversiva (Obando 1999: 381).