Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 245

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de los amotinados. Sin embargo, el gobierno procedió más bien a avalar la actua-
ción de los miembros de las fuerzas del orden y, en la sesión del Consejo de
Ministros del 19 de julio, felicitó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
por haber sofocado los motines.
A partir de entonces, el gobierno asumió una postura ambigua sobre su res-
ponsabilidad en la conducción de la política contrasubversiva y sobre la actua-
ción de las Fuerzas Armadas. Por su parte, los mandos militares optaron por
prescindir cada vez más del gobierno civil en la toma de decisiones sobre la estra-
tegia aplicada contra la subversión.
A pesar de la gravedad de los sucesos de los penales, y como dato significativo
de las reacciones de la opinión pública en Lima, el presidente García mantuvo, e
incluso incrementó, su popularidad entre diversos sectores que reclamaban mano
dura frente al senderismo. Al mismo tiempo, el mandatario intentaba proyectar
una imagen de intransigencia frente a las violaciones de derechos humanos. Pro-
metió sanciones a los responsables y remarcó su ofrecimiento con una frase
impactante: «o se van ellos, o me voy yo».
El PCP-SL se dedicó, por su lado, a explotar el sangriento episodio que se
adecuaba bastante bien a su propósito de inducir al Estado a cometer violaciones
de derechos humanos. Exaltó la imagen de las víctimas, a las que publicitó como
mártires de su causa, e hizo de la fecha de la masacre una efeméride partidaria: el
«Día de la Heroicidad».
Las explicaciones del Ejecutivo sobre los sucesos de los penales fueron pre-
sentadas en septiembre, durante la interpelación al gabinete por la Cámara de
Diputados. El Congreso nombró una comisión investigadora, aunque ésta no fun-
cionó durante el primer año, pues el senador de Izquierda Unida al que se enco-
mendó la presidencia del grupo, el general retirado Fernández Maldonado, decli-
nó el encargo. La comisión entró en funciones recién en 1987 bajo la presidencia
del senador Rolando Ames, también de Izquierda Unida.
El informe de dicha comisión señaló que las fuerzas encargadas del develamiento
realizaron ejecuciones extrajudiciales en Lurigancho, mientras que en El Frontón la
Marina voló el Pabellón Azul a sabiendas de que en su interior se encontraban aún
internos con vida. El informe señalaba, también, intentos de encubrir los delitos de
las fuerzas del orden durante las acciones de develamiento de los motines y propo-
nía que el Congreso realice antejuicios constitucionales a los ministros implicados
en los hechos y al propio presidente García Pérez cuando concluyera su mandato.
Aunque dicho informe fue suscrito solamente por la minoría de la comisión, pues
los miembros del PAP no lo avalaron, sí conquistó el respaldo de toda la oposición
en el Legislativo y obtuvo amplia difusión nacional.
Luego de los sucesos de los penales, el PCP-SL siguió con su campaña de
asesinatos selectivos. En octubre de 1986, un comando senderista hirió mortal-
mente al vicealmirante Gerónimo Cafferata, ex comandante general de la Mari-
na. Luego fueron asesinados dos dirigentes apristas en los asentamientos de
Huaycán y Horacio Zevallos, en Lima. Desde el gobierno y el PAP, hubo reaccio-
nes como el retorno del senador Armando Villanueva a la secretaría general del
partido para organizar un «plan antiterrorista».