Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 243

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obligarlo a mostrar su «entraña represiva». Esta posición se tradujo en un acuer-
do de la dirección senderista para «inducir al genocidio al APRA», sin dar impor-
tancia a la previsible muerte de miembros de la propia organización subversiva.
Siguiendo estas directivas, el PCP-SL desarrolló una campaña de asesinatos
de militantes apristas y de atentados contra locales partidarios y de instituciones
públicas. Asimismo, intensificaron sus ataques contra las Fuerzas Armadas bus-
cando que también les respondan con un «genocidio». De esta manera, asesina-
ron al contralmirante Carlos Ponce Canessa, miembro del Estado Mayor de la
Marina de Guerra, en mayo de 1986. Ante el crimen, el ministro de Marina hizo
un pedido público por la reimplantación de la pena de muerte y el Comandante
General de la institución fustigó a quienes llamó «instituciones seudo defensoras
de los derechos humanos». 49 Poco después, miembros del PCP-SL atentaron con-
tra el secretario de organización del PAP Alberto Kitasono, quien resultó ileso
aunque en la acción fallecieron tres militantes apristas y un transeúnte.
Otro escenario en el que el PCP-SL había empezado a actuar con mucha fuer-
za eran las cárceles, consideradas «luminosas trincheras de combate», es decir,
espacios de lucha en los que continuaba desarrollándose su denominada guerra
popular y, por tanto, se seguía la consigna de «inducir al genocidio al APRA». Por
otro lado, existían precedentes de motines que habían terminado con varios muer-
tos, como el de detenidos por delitos comunes del penal de El Sexto en Lima en
1984 y, sobre todo, el del llamado «Pabellón Británico» del penal de Lurigancho
en Lima. Los senderistas sacaron ventaja, además, de los espacios que les brinda-
ba la situación de abandono estatal en que se encontraban los penales del país, al
punto de que empezaron a controlar lo que sucedía al interior de varias zonas de
los mismos.
La situación de los centros penitenciarios, que ya era crítica cuando García
asumió el gobierno, se había agravado luego de que el 4 de octubre de 1985 la
Guardia Republicana debeló con gran violencia un motín de reclusos acusados de
terrorismo que ocupaban el Pabellón Británico del penal de Lurigancho. Murie-
ron treinta internos pero no hubo mayores investigaciones y el gobierno no asu-
mió la responsabilidad de los hechos. En los meses siguientes, los reclusos
senderistas comenzaron a pedir garantías para sus vidas ante las autoridades
judiciales y en junio de 1986 plantearon recursos de amparo aduciendo amenazas
en contra de su seguridad. Poco antes de comenzar su interrogatorio en el Quinto
Tribunal Correccional, el dirigente senderista Antonio Díaz Martínez, denunció
«[...] el nuevo plan genocida que prepara el gobierno en todo el país, para aplicar-
lo contra los reclusos de las diferentes cárceles». 50 La táctica del PCP-SL consistía
entonces en provocar al gobierno aprista e «inducirlo al genocidio» mientras que,
al mismo tiempo, lo denunciaba públicamente por prepararlo.
El motín senderista que motivó la matanza de los penales de Lima y Callao se
inició el 18 de junio de 1986 con la toma de rehenes en los establecimientos peni-
tenciarios de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara. En esas mismas fechas se
49
50
La República, 7 de mayo de 1986; Hoy, 7 de mayo de 1986.
Desco. Resumen Semanal, 13-20 de junio de 1986, año IX, n. o 371.