Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 242

El impacto de la matanza de los penales
Hacia junio de 1986 se registraba un descenso del número de muertos en las zo-
nas que en años anteriores habían sido las más castigadas, el MRTA había plan-
teado una tregua significativa a pesar de que representaba una amenaza menor
en comparación al PCP-SL, se había sancionado a miembros de las fuerzas del
orden por violaciones de los derechos humanos, se había iniciado la reorganiza-
ción de las Fuerzas Policiales y se había puesto en marcha una iniciativa estatal de
inversión social en las zonas convulsionadas. Por último, se experimentaba una
reactivación de la economía y el gobierno mantenía una alta popularidad.
Aunque ese panorama podía suscitar cierta expectativa sobre el final de la
violencia, otros elementos apuntaban en la dirección opuesta. El PCP-SL había
sufrido duros golpes en las zonas de emergencia pero había incrementado su
presencia en otras zonas del país a través de los denominados aniquilamientos
selectivos. Como se ha visto anteriormente, su postura frente al gobierno era
hostigarlo para, en palabras de Abimael Guzmán, «quitarle la cara progresista» y
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los jefes de región y de comando político-militar. La rápida respuesta de García
marcaba diferencias respecto del gobierno anterior.
Por su parte, el senador Valle Riestra, presidente de la comisión de derechos
humanos del Congreso, subrayaba también la obligación de los responsables de
la lucha contrasubversiva de rendir cuentas por las violaciones de los derechos
humanos. Así, más allá de los resultados que arrojara la investigación sobre los
casos de Pucayacu y Accomarca, se hacía claro que la defensa de los derechos
humanos tenía un lugar entre las prioridades del nuevo gobierno, el cual creó al
poco tiempo una Comisión de Paz para introducir un componente de pacifica-
ción en la política contrasubversiva.
La Comisión de Paz estuvo integrada por el magistrado Mario Suárez
Castaneyra, el obispo Augusto Beuzeville, el médico Fernando Cabieses, el abo-
gado Diego García Sayán, el psicoanalista César Rodríguez Rabanal, y el científi-
co Alberto Giesecke. No obstante, más allá de asesorar al Presidente en materia
de derechos humanos y pacificación, sus funciones no quedaron completamente
establecidas. La Comisión trabajó sin un respaldo real del Estado y de las fuerzas
políticas. Así pues, los miembros de la Comisión renunciaron a sus puestos en
diciembre. Como señaló un comisionado, se crearon expectativas que fueron difí-
ciles de cumplir, porque las condiciones que finalmente encontró la Comisión
«[...] estaban dadas única y exclusivamente para actuar sobre ciertos efectos o
manifestaciones de la violencia, léase detención-desaparición de personas, pre-
sos injustamente acusados, propuestas en cuanto a normas legales, que tienen
que ver con el problema de la violencia, etcétera».
El Presidente intentó sostener el proyecto a comienzos de 1986, reorganizando
la Comisión de Paz con algunos de sus anteriores miembros, aunque esta vez la
iglesia católica ya no intervino. En junio de ese mismo año la Comisión de Paz tuvo
una intervención puramente formal y desairada durante los motines de los pena-
les. Poco después de la matanza, la Comisión de Paz emitió un informe sobre su
actuación solicitando facilidades para la investigación. El 11 de julio de 1986 sus
miembros pusieron sus cargos a disposición. La Comisión no se reactivó más.