Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 24

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Sin embargo, este relato va, en realidad, más allá del señalamiento de respon-
sabilidades particulares. Hemos encontrado que los crímenes cometidos contra
la población peruana no fueron, por desgracia, atropellos de ciertos sujetos per-
versos que se apartaban, así, de las normas de sus organizaciones. Nuestras in-
vestigaciones de campo, sumadas a los testimonios ya mencionados y un
meticuloso análisis documental, nos obligan a denunciar en términos categóri-
cos la perpetración masiva de crímenes coordinados o previstos por las organi-
zaciones o instituciones que intervinieron directamente en el conflicto.
Mostramos en estas páginas de qué manera la aniquilación de colectividades
o el arrasamiento de ciertas aldeas estuvo previsto en la estrategia del PCP-SL.
Junto con ello, el cautiverio de poblaciones indefensas, el maltrato sistemático, el
asesinato como forma de impartir ejemplos e infundir temor conformaron una
metodología del horror puesta en práctica al servicio de un objetivo —el poder—
considerado superior al ser humano.
El triunfo de la razón estratégica, la voluntad de destrucción por encima de
todo derecho elemental de las personas, fue la sentencia de muerte para miles de
ciudadanos del Perú. Esta voluntad la hemos encontrado enraizada en la doctri-
na del PCP-SL, indistinguible de la naturaleza misma de la organización en esos
veinte años. Nos hemos topado con aquella razón estratégica en las declaraciones
de los representantes de la organización, que transparentan una disposición ma-
nifiesta a administrar la muerte y aun la crueldad más extrema como herramien-
tas para la consecución de sus objetivos. Por su carácter inherentemente criminal
y totalitario, despectivo de todo principio humanitario, el PCP-SL es una organi-
zación que, en cuanto tal, no puede tener cabida en una nación democrática y civi-
lizada como la que deseamos construir los peruanos.
Frente a un desafío tan desmesurado, era deber del Estado y sus agentes de-
fender a la población —su fin supremo— con las armas de la ley. Debe quedar
claro que el orden que respaldan y reclaman los pueblos democráticos no es el de
los campos de concentración, sino aquél que asegura el derecho a la vida y la dig-
nidad de todos. No lo entendieron así los encargados de defender ese orden. En
el curso de nuestras investigaciones, y teniendo a mano las normas de derecho in-
ternacional que regulan la vida civilizada de las naciones, hemos llegado a la con-
vicción de que, en ciertos períodos y lugares, las fuerzas armadas incurrieron en
una práctica sistemática o generalizada de violaciones de derechos humanos y que
existen fundamentos para señalar la comisión de delitos de lesa humanidad, así
como infracciones al derecho internacional humanitario.
Como peruanos, nos sentimos abochornados por decir esto, pero es la verdad
y tenemos la obligación de hacerla conocer. Durante años, las fuerzas del orden
olvidaron que ese orden tiene como fin supremo a la persona y adoptaron una
estrategia de atropello masivo de los derechos de los peruanos, incluyendo el
derecho a la vida. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, masacres,
violencia sexual contra las mujeres y otros delitos igualmente condenables confor-
man, por su carácter recurrente y por su amplia difusión, un patrón de violacio-
nes de los derechos humanos que el Estado peruano y sus agentes deben reconocer
para subsanar.