Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 23
10
públicamente la tragedia como una obra de seres humanos padecida por seres
humanos.
De cada cuatro víctimas, tres fueron campesinos o campesinas cuya lengua
materna era el quechua. Se trata, como saben los peruanos, de un sector de la
población históricamente ignorado por el Estado y por la sociedad urbana,
aquélla que sí disfruta de los beneficios de nuestra comunidad política. La CVR
no ha encontrado bases para afirmar, como alguna vez se ha hecho, que éste fue
un conflicto étnico. Pero sí tiene fundamento para aseverar que estas dos
décadas de destrucción y muerte no habrían sido posibles sin el profundo
desprecio a la población más desposeída del país, evidenciado por miembros del
Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) y agentes del Estado
por igual, ese desprecio que se encuentra entretejido en cada momento de la vida
cotidiana de los peruanos.
Diecisiete mil testimonios aportados voluntariamente a la CVR nos han per-
mitido reconstruir, siquiera en esbozo, la historia de esas víctimas. Agobia en-
contrar en esos testimonios, una y otra vez, el insulto racial, el agravio verbal a
personas humildes, como un abominable estribillo que precede a la golpiza, la
violación sexual, el secuestro del hijo o la hija, el disparo a quemarropa de parte
de algún agente de las fuerzas armadas o la policía. Indigna, igualmente, oír de
los dirigentes de las organizaciones subversivas explicaciones estratégicas sobre
por qué era oportuno, en cierto recodo de la guerra, aniquilar a esta o aquella
comunidad campesina.
Mucho se ha escrito sobre la discriminación cultural, social y económica
persistentes en la sociedad peruana. Poco han hecho las autoridades del Estado
o los ciudadanos corrientes para combatir ese estigma de nuestra comunidad.
Este informe muestra al país y al mundo que es imposible convivir con el
desprecio, que éste es una enfermedad que acarrea daños muy tangibles. Desde
hoy, el nombre de miles de muertos y desaparecidos estará aquí, en estas
páginas, para recordárnoslo.
Nadie se debe escudar en los defectos de nuestra sociedad ni en los rigores de
nuestra historia para evadir sus responsabilidades. Es cierto —y esa es una lec-
ción mayor de este informe— que existe una culpa general, la culpa de la omi-
sión, que involucra a todos los que dejamos hacer sin preguntar en los años de la
violencia. Somos los primeros en señalarlo así. Pero al mismo tiempo adverti-
mos que existen responsabilidades concretas que afrontar y que el Perú —como
toda sociedad que haya vivido una experiencia como ésta— no puede permitir la
impunidad. La impunidad es incompatible con la dignidad de toda nación de-
mocrática.
La CVR ha encontrado numerosos responsables de crímenes y violaciones de
los derechos humanos y así lo hace saber al país por los canales pertinentes,
respetando siempre los requisitos y restricciones que señala la ley peruana para
imputar un delito. La CVR exige y alienta a la sociedad peruana a exigir que la
justicia penal actúe de inmediato, sin espíritu de venganza, pero con energía y
sin vacilaciones.