Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 236

La CVR considera que esta norma y las amplias atribuciones que otorgaba a
los comandos político-militares constituyeron un aval concluyente del gobierno
saliente a una estrategia militar que había desembocado en masivas violaciones
de derechos humanos.
E L GOBIERNO DEL P ARTIDO A PRISTA P ERUANO
Los testimonios recibidos por la CVR han permitido identificar a 8,173 personas
muertas y desaparecidas entre los años 1985 y 1990. De ellas, el 58% fueron vícti-
mas de la actividad de las organizaciones subversivas mientras que el 30% murie-
ron o desaparecieron por acción de las fuerzas de seguridad del Estado. Durante
el primer año de gobierno del doctor Alan García Pérez, el número de víctimas
descendió sustancialmente en comparación con el año 1984, el de mayor intensi-
dad de todo el conflicto. Sin embargo, en 1989 se alcanzó un segundo pico de
intensidad en términos de la cantidad de víctimas fatales. Asimismo, ese año se
registraron hechos de violencia en más localidades del país que en cualquier otro
año y se produjo el mayor número de muertes de funcionarios públicos y autori-
dades estatales de todo el conflicto por obra, principalmente, del PCP-SL. Con la
considerable expansión de la violencia en diversas partes del territorio nacional,
se multiplicaron los comandos político-militares y las restricciones que ellos su-
ponían para la población civil, la institucionalidad democrática y la investigación
judicial independiente.
A partir de 1986, luego de la matanza ocurrida a consecuencia de la violenta
represión del amotinamiento de presos senderistas en los penales de Lima y
Callao —especialmente en El Frontón—, el gobierno y las principales autorida-
des políticas del PAP evitaron señalar directamente la responsabilidad de milita-
res en casos de violaciones de los derechos humanos. Con ello, desde el poder
civil, se desarrolló una actitud de tolerancia que derivó en la impunidad de críme-
nes y violaciones de los derechos humanos que involucraban a miembros de las
fuerzas del orden; como ejemplos se pueden citar los casos de El Frontón (1896),
Parcco Alto y Pomatambo (1986), la Base Militar de Santa Rosa en Apurímac
(1987), Cayara (1988) y las ejecuciones y desapariciones posteriores al enfrenta-
miento entre el Ejército y el MRTA en la localidad de Molinos, (Junín, 1989).
Luego del fallido intento de estatización de la banca lanzado en julio de 1987,
el PAP enfrentó una creciente oposición política y de los medios de comunicación
que, entre otras cosas, implicó el incremento de denuncias de violaciones de los
derechos humanos que involucraban tanto al gobierno como al partido. Paralela-
mente, el PCP-SL desarrolló una campaña de aniquilamientos selectivos de cua-
dros apristas que convirtió al PAP en el partido político que más víctimas fatales
tuvo durante el conflicto armado interno.
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públicos, corporaciones departamentales y demás instituciones del sector pú-
blico, solicitar el nombramiento o traslado de las autoridades políticas y admi-
nistrativas de su jurisdicción en caso de negligencia, abandono, vacancia o
impedimento para cumplir sus funciones [...].