Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 235

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dudas sobre la conveniencia de establecer el estado de emergencia y de ordenar
la intervención militar.
Sin embargo, la CVR encuentra, que a partir del establecimiento del comando
político-militar en Ayacucho, y ante el crecimiento de los crímenes del PCP-SL y
de agentes de seguridad del Estado, el presidente Belaunde no desarrolló una
política decidida de protección de los derechos humanos. Por el contrario, optó
por no atender las denuncias que se hacían.
En agosto de 1983 la organización Amnistía Internacional envío una carta al
presidente Belaunde en la que señalaba que las fuerzas de seguridad del Estado
habían ejecutado sumariamente a centenares de pobladores en la región andina
en operaciones contrainsurgentes. El Presidente desatendió el informe: «Las car-
tas de Amnistía Internacional van al tacho de basura [...] yo no las acepto». 38
La indiferencia del gobierno de AP ante estos crímenes no se redujo al Poder
Ejecutivo, sino que se extendió también al Legislativo. La CVR ha encontrado
que el Congreso, en el que AP tenía mayoría, no conformó ninguna comisión
investigadora sobre desapariciones forzadas de personas a pesar de las denun-
cias existentes. En términos generales, el Poder Legislativo incumplió su deber de
fiscalización en materia de derechos humanos, lo que, aunado a la actitud del
Poder Ejecutivo, estableció un ambiente de impunidad que la CVR considera de-
plorable por las pérdidas de miles de vidas humanas que ocasionó.
Cabe resaltar, sin desmedro de lo señalado, que durante el gobierno del presi-
dente Belaunde Terry se propició el avance de las instituciones democráticas. El
gobierno de AP reinstauró la libertad de prensa en el país, la que se mantuvo sin
restricciones a lo largo de todo el período gubernamental; asimismo, realizó elec-
ciones libres para la designación de las autoridades municipales y mantuvo un
claro respeto de la separación de poderes. La conservación del orden constitucio-
nal en estos aspectos constituyó, en sí misma, una resistencia valiosa contra el
proyecto insurreccional del PCP-SL, que buscaba, precisamente, la «destrucción
del viejo Estado». Ello culminó, finalmente, en una transferencia del poder tras
elecciones limpias y de acuerdo con los canales previstos en la Constitución de
1979.
El orden constitucional, sin embargo, resultó mellado en un aspecto esencial:
el respeto de los derechos fundamentales, ya que el gobierno del presidente
Belaunde no tuvo éxito en detener el avance de la subversión ni se interesó en
prevenir o castigar las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuer-
zas de seguridad a las que había encargado, con amplias facultades, la lucha
contrasubversiva.
Una de las últimas decisiones de política contrasubversiva del arquitecto
Belaunde Terry fue la promulgación de la ley 24150. En esta ley se establecieron
por primera vez las atribuciones del comando político-militar, que gozaba así de
la facultad de
[...] coordinar la participación del sector público y no público ubicados en la zona
de emergencia, coordinar y supervisar las acciones de los sectores, organismos
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Deseo. Resumen Semanal, 19 de agosto de 1983.