Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 229

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la agitación social del momento. Finalmente, lo sucedió en el cargo un militar, el
general Óscar Brush Noel, quien venía de dirigir el Ministerio de Guerra.
En síntesis, la CVR ha encontrado que tras el ingreso de las Fuerzas Armadas
en el combate a la subversión, los sucesivos tres Ministros del Interior menciona-
dos no se interesaron en la elaboración de una política contrasubversiva por par-
te de la autoridad civil y no establecieron formas de coordinación y supervisión
adecuadas respecto de lo que ocurría en la zona de emergencia. Tal actitud signi-
ficó también una renuncia de la autoridad civil constitucional a obtener un cono-
cimiento adecuado de la naturaleza, estrategias y tácticas de la organización sub-
versiva. La instauración de una notoria autonomía de las Fuerzas Armadas en el
teatro de operaciones ayacuchano debió suscitar en el gobierno civil electo una
atención mayor sobre el respeto de los derechos humanos en la región.
Los comandos político-militares
Desde el primer día de enero de 1983 hasta el final del gobierno del arquitecto
Fernando Belaunde Terry, las Fuerzas Armadas tuvieron a su cargo la lucha
contrasubversiva en la zona declarada en emergencia en los Andes centrales. Esto
se dio dentro de un marco legal poco definido en lo que se refiere a la acotación
de las facultades de los jefes militares en la zona y sin que las autoridades políti-
cas pusieran en práctica mecanismos adecuados de protección de los derechos
humanos de la población que quedaba bajo control militar.
Si bien la actividad de los comandos político-militares, según ha constatado la
CVR, golpeó duramente a la organización subversiva PCP-SL, no llegó a reprimir
sus actos terroristas ni a erradicarla y, en cambio, acarreó prácticas generalizadas
de violación de los derechos humanos de la población civil de Ayacucho, Apurímac
y Huancavelica en ciertos períodos y lugares específicos.
El decreto supremo 068-82-IN, que estableció el estado de emergencia por
sesenta días en algunas provincias de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, no
precisó las funciones adscritas al comando político-militar. Señalaba que «las
Fuerzas Armadas asumirán el control del orden interno» en las provincias en
cuestión para lograr el «restablecimiento del orden público». La orden dada por
el presidente Belaunde, si bien amplia, no incluyó previsiones sobre el comple-
mento de la acción del gobierno civil constitucional a las actividades militares. El
equipo de gobierno, en un contexto de agresiones criminales del PCP-SL a las
autoridades civiles locales, y también en consonancia con el diagnóstico incipien-
te del problema antes reseñado, optó por dejar el asunto en manos del sector
militar sin diseñar una estrategia propia de defensa o restauración de la autori-
dad civil.
Hasta el final del período gubernamental, hubo tres jefes militares en la zona
en emergencia.