Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 227

214 octubre, tras una reunión del Consejo de Ministros, el presidente Belaunde declaró en estado de emergencia cinco de las siete provincias del departamento de Ayacucho. 21 Reportes de prensa de la época informan que el ministro De la Jara y el viceministro del Interior, Héctor López Martínez, sostuvieron ante el Presidente la pertinencia de la decisión. No obstante, un incidente en Cusco en el que perdió la vida un estudiante universitario condujo al ministro De la Jara a presentar su renuncia el 28 de octubre. Con este acto asumió la responsabilidad política por ese hecho. 22 La CVR considera que esa primera declaración de estado de emergencia mar- ca un punto de inflexión en el tratamiento del problema por parte del gobierno del arquitecto Belaunde Terry. El año 1982 se produjo un incremento sostenido de la violencia, con algunas acciones armadas del PCP-SL de especial repercusión, que desembocó en la decisión de fin de año de encargar el control del orden interno de Ayacucho, una provincia del departamento de Huancavelica y una provincia del departamento de Apurímac a las Fuerzas Armadas. Algunos hitos de este período son: el asalto senderista al centro penitenciario de Huamanga, Ayacucho, el 2 de marzo de 1982, en el que el PCP-SL sacó de prisión a sus militantes capturados por los grupos policiales; la destrucción del centro experimental Allpachaca, perteneciente a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), perpetrada el 3 de agosto; el ataque al puesto policial de Vilcashuamán el 22 de agosto; el ataque al puesto policial de Huanta el 4 de octubre. El 19 de agosto se produjo un apagón total en Lima y el gobierno declaró en emergencia a Lima Metropolitana y El Callao por sesenta días. En noviembre, se prorrogó el estado de emergencia en Ayacucho y Apurímac. Finalmente, el 29 de diciembre de 1982 el presidente Belaunde firmó el decre- to supremo 068-92-IN por el que declaró en estado de emergencia a las provin- cias de Huanta, La Mar, Cangallo, Víctor Fajardo y Huamanga, además de una provincia del departamento de Huancavelica y una del departamento de Apurímac, y encargó el control del orden interno a las Fuerzas Armadas. De ese modo, el gobierno constitucional optó por una respuesta militar al conflicto. El desarrollo de éste lo hacía inevitable; sin embargo, la CVR considera que ello no debió significar una transferencia de las responsabilidades políticas ni la omisión de los deberes de control sobre el modo como se ejercía la represión de la subver- sión armada. Esta omisión fue, obviamente, un grave error. L A MILITARIZACIÓN DEL CONFLICTO Con el ingreso de las Fuerzas Armadas en Ayacucho se inició el período de mayor violencia durante los veinte años estudiados por la CVR. Las cifras de muertos y desaparecidos alcanzaron en esos años una magnitud que no se volvería a regis- trar en el resto del período de violencia. 21 22 Huamanga, Huanta, Cangallo, La Mar y Víctor Fajardo. Fue nombrado ministro del Interior el general en retiro José Gagliardi, quien mantuvo a grandes rasgos la política de De la Jara de reivindicación del trabajo policial contra la subversión. En septiembre de 1982, el ministro Gagliardi planteó, sin obtener ningún eco en el gobierno, la posibilidad de un diálogo con el PCP-SL. Gagliardi dejó el ministerio a fines del año 1982.