Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 226

[Provoque o mantenga] un estado de zozobra, alarma o terror en la población o
un sector de ella, cometiere actos que pudieren crear peligro para la vida, la
salud o el patrimonio de las personas o encaminados a la destrucción o deterio-
ro de edificios públicos o privados, vías y medios de comunicación o transporte
o de conducción de fluidos o fuerzas motrices [...] ocasionar grave perturbación
de la tranquilidad pública o de afectar las relaciones internacionales o la seguri-
dad del Estado [...].
La posición del Ministro del Interior empezó a variar en agosto de 1981, cuan-
do se realizó un atentado contra la embajada de los Estados Unidos. Por primera
vez, De la Jara admitió que, de agravarse la situación, podría requerirse la decla-
ración de un estado de emergencia. 20
Ese agravamiento se produjo. En octubre de ese año, según fuentes documen-
tales consultadas por la CVR, se habían registrado 791 atentados desde mayo de
1980. De ellos, 140 —el 18%— se produjeron el mes anterior. El 11 de ese mes
hubo un asalto senderista al puesto policial de Tambo, en Ayacucho. El 12 de
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El Peruano, 25 de noviembre de 1980. En Desco 1989: 370.
El Comercio, 21de junio de 1981. En Desco 1989: 374.
El Diario, 11 de noviembre de 1980. En Desco 1989: 368.
La Prensa, 17 de diciembre de 1980. En Desco 1989: 371.
El Comercio, 24 de septiembre de 1981. En Desco 1989: 376.
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Orlandini —quien asumió el Ministerio de Gobierno y Policía del primer gobier-
no del arquitecto Belaunde en el momento final de las guerrillas de 1965— pro-
puso el 17 de diciembre la declaración de una zona de emergencia y la participa-
ción de las Fuerzas Armadas, iniciativa que tampoco prosperó.
Simultáneamente a estas tendencias, se manifestaba una opción más mode-
rada. La encabezaba el Ministro del Interior José María de la Jara. El 5 de agosto
de 1980, el ministro De la Jara afirmó que no había «brote guerrillero» y que el
PCP-SL era «un grupo sin fuerza». En noviembre del mismo año, y a pesar del
incremento de las acciones armadas, consideró que hablar de una ola de
terrorismo era exagerado. 16 En junio del año siguiente, declaró que los actos de
terrorismo «disminuyeron notoriamente» gracias a la labor policial. 17
Coincidían con el Ministro del Interior otros líderes del partido de gobierno
como el alcalde Eduardo Orrego y el diputado Francisco Belaunde Terry. Este
último afirmaba en noviembre de 1980 que era «una exageración calificar de ac-
tos de terrorismo lo que son cuestiones pueriles». 18
El 17 de diciembre, cuando el senador Alva propuso crear una zona de emer-
gencia y enviar a combatir a las Fuerzas Armadas, el ministro De la Jara se mani-
festó en contra y sostuvo que se podía controlar el terrorismo «sin llegar a sus-
pender las garantías constitucionales». De acuerdo con el Ministro del Interior,
era suficiente la labor de la Guardia Civil y de la Policía de Investigaciones, 19 y, en
último caso, se podría requerir de la intervención de los sinchis, batallón especia-
lizado de la policía.
Previamente a este debate, el gobierno había promulgado en marzo de 1981 el
decreto legislativo 046 que incluía la tipificación del delito de terrorismo y esta-
blecía las normas procesales correspondientes. En su artículo 1, esta norma consi-
dera terrorista a aquél que: